PÚBLICO: El sindicato CSI-F presentará en los próximos días dos escritos de denuncia ante la Fiscalía y ante la Inspección de Trabajo contra la Gerencia del Hospital La Paz-Carlos III para poner en conocimiento de ambas instituciones "todas las irregularidades que se han producido en la gestión del caso de la auxiliar de enfermería infectada, por si se pudieran derivar responsabilidades civiles, laborales y penales por un posible delito contra la salud de los trabajadores", informa la organización en un comunicado.

El sindicato critica que, a pesar de la crisis del ébola, que ha puesto de manifiesto las nefastas consecuencias del desmantelamiento del hospital Carlos III de Madrid como centro de referencia para enfermedades infectocontagiosas, el Gobierno de Mariano Rajoy siga adelante con el plan. El PP fue el único grupo que este martes votó en contra de la moción del Grupo Socialista en la que se instaba al Gobierno a "restituir urgentemente el Carlos III como centro de referencia en materia de enfermedades infecciosas, como la infección por ébola". Un rechazo que se une al de la Asamblea de Madrid, que la semana pasada también echó por tierra, con los votos del PP, la petición de IU de no "desmantelar" el Hospital Carlos III como centro especializado en enfermedades infecciosas y recuperar la Dirección General de Salud Pública.

Además de las dos denuncias, CSI-F Justicia Madrid también ha dirigido un escrito al director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid solicitando el establecimiento de "planes de formación sobre el riesgo que supone el virus ébola y otras enfermedades infectocontagiosas de alto riesgo para los empleados públicos de este sector".

El sindicato insiste en el riesgo real existente dado que los órganos judiciales reciben la visita diaria de miles de ciudadanos de diversas procedencias. "Ayer sin ir más lejos saltó la alarma en los Juzgados de lo Mercantil ante la llegada por correo de unos sobres con, supuestamente, ébola", advierte la organización.

"Es obligación de la Administración autonómica la evaluación de riesgos, la planificación preventiva, el establecimiento de planes de actuación para el caso de que el riesgo devenga en grave e inminente, además de proporcionarnos información, una formación adecuada y los equipos de protección adecuados para que podamos realizar nuestra actividad con un mínimo de seguridad", insiste CSI-F.