EL PAÍS: Los tres grupos que optan a gestionar los seis hospitales públicos que la Comunidad de Madrid prevé privatizar este año han reservado un 30% del capital social de las sociedades que llevarán los centros a los profesionales de estos con el objetivo de involucrarlos en la gestión. Esta posibilidad la había incluido la Consejería de Sanidad en los pliegos de condiciones del concurso público y suma en la puntuación final. En todo caso, las empresas no compiten entre sí, ya que cada una opta a un centro, razón por la cual la oposición considera "una farsa" el concurso.

Más de un centenar de personas han participado esta mañana en la cacerolada convocada frente a la sede del Servicio Madrileño de Salud, donde se ha procedido a la apertura de los sobres con la oferta económica. Ajeno a la protesta, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha calificado de "muy positivas" las propuestas económicas y ha mostrado su satisfacción por dar "los últimos pasos" en el proceso de privatización.

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Lasquetty ha considerado de "muy alta calidad" los proyectos presentados porque están "muy bien elaborados" y porque, además de ajustarse a las líneas requeridas por el Gobierno regional, presentan "innovaciones" que van a "mantener y mejorar" la atención a los ciudadanos. Después de comprobar que las empresas cumplen con los requisitos técnicos y certificar que sus planes se ajustan a las cifras marcadas por el Gobierno regional, la Mesa de Contratación ha realizado la propuesta de adjudicación, según ha anunciado Lasquety. Será el Consejo de Gobierno el que plasme esta propuesta en adjudicación definitiva.

Las empresas han ofertado primas anuales per cápita —el precio que abona anualmente la Administración a las concesionarias por habitante— ligerísimamente inferiores al precio máximo fijado en los pliegos por la Comunidad, de acuerdo con la lectura pública de las ofertas que se ha realizado esta mañana. La Consejería de Sanidad había calculado el coste anual por persona según el gasto asistencial de cada hospital en los últimos dos años y le había restado un 20% por considerar que la adjudicataria podrá ahorrar mediante la aplicación de unos criterios de gestión más eficaces.

Con estas medidas, el Gobierno de Ignacio González pretende un ahorro de 143,6 millones de euros sobre los 718 presupuestados para esos centros. Como novedad, la concesionaria abonará a la Comunidad un canon anual por el arrendamiento y uso de los edificios e infraestructuras puestas a su disposición, incluidos los centros de especialidades adscritos a estos hospitales. En total, las concesionarias pagarán otros 28 millones de alquiler.

La concesión se otorgará por un periodo de 10 años improrrogables y el Gobierno regional espera que el cambio de gestión se produzca en septiembre. Los hospitales afectados son el Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez). En estos centros, que se unirán al sistema que ya se aplica en los hospitales de Valdemoro, Torrejón de Ardoz y Móstoles y que ahora investiga la justicia tras la querella presentada por los facultativos de Afem, el gasto medio por paciente sera de 484 euros.

El grupo BUPA Sanitas ha ofrecido por el hospital del Henares 479,15 euros por habitante y año, frente a la máxima per cápita de 481,56 que figura en los pliegos para este caso concreto. HIMA San Pablo, el grupo de puertorrico que se declaró interesado en promover el turismo sanitario y que se planteó retirar la oferta por la oposición de los trabajadores y pacientes, ha ofertado, por el hospital Infanta Sofía, una prima per cápita de 448 euros, frente a los 448,24 que figura en los pliegos.

Por los centros Infanta Cristina y del Tajo, que se licitan juntos, este mismo grupo empresarial ofrece 493 euros, frente a los 493,37 euros planteado en los pliegos. Por su parte, la Unión temporal de empresas (UTE) encabezada por Ribera Salud ofrece, por el Infanta Leonor, una prima per cápita de 549,35 euros, frente a los 549,39 que figuran en los pliegos. Por último, esta UTE integrada por Ribera Salud, Ingesan (del Grupo OHL) e Iecisa (Informática El Corte Inglés S.A.), ofrece gestionar el hospital del Sureste por una cápita de 450,06 euros, frente a la máxima de 450,07 euros.

Uno de los requisitos para optar a gestionar estos centros, que en conjunto atienden a 1.154.000 personas, es el compromiso de mantener los 5.200 empleos de los profesionales sanitarios que actualmente trabajan en ellos. El proceso de privatización, el mayor emprendido hasta ahora por una comunidad y puesto en marcha en la Ley de Medidas Fiscales de 28 de diciembre, ha provocado ocho meses de protestas y huelgas convocadas por sindicatos y plataformas de trabajadores y usuarios, además de varios recursos judiciales interpuestos por sindicatos y partidos.