En CSI-F consideramos que estas medidas son injustas, dolorosas y atentan gravemente contra Estado de Bienestar y la calidad de los servicios públicos. El presidente las ha justificado en la mala herencia recibida pero es injusto que seamos siempre los ciudadanos y los empleados públicos los que tengamos que pagar el derroche, el abuso, la prevaricación o la mala gestión de los verdaderos responsables.
Más injusto aún es que esta merma en Sanidad, Educación y en Servicios Sociales se produzca mientras la clase política y sus ámbitos mantienen cargos, asesores, entidades, organismos, instituciones, empresas, que son innecesarios o producen duplicidades, pero sirven para mantener puestos a los que se llega por la puerta del clientelismo y el amiguismo, no por principios de mérito y capacidad; ¿quiénes sobran?
El propio Rajoy reconoció que los empleados públicos son los responsables de áreas tan sensibles y fundamentales como Sanidad, Educación, Seguridad, servicios públicos en general, de los que nos sentimos orgullosos y que se están poniendo en grave riesgo. CSI·F asegura que no podemos perder lo que hemos construido entre todos.
Serán necesarios los trabajadores que sean precisos para mantener los servicios que demandan los ciudadanos, pero el empleo público ha sufrido un brutal recorte en las plantillas, en los empleos interinos, en la tasa de reposición cero, en las amortizaciones de las jubilaciones, con las privatizaciones, que llevan al Sector Público al primer puesto en la pérdida de puestos de trabajo, 350,000 empleos destruidos.
CSI·F señala que además de sufrir pérdida de empleo y recortes económicos generales -como la supresión de paga extra-, los trabajadores de la Administración Regional son los peor tratados del Estado, ya que sufrimos una rebaja salarial adicional del 3%. Pedimos a la presidenta regional que puesto que mejoran las previsiones e indicadores económicos, ha llegado la hora de resarcir a los trabajadores públicos, compensando el esfuerzo y el sacrifico realizado.