EL PAÍS: El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, advirtió ayer de que 400 pacientes hospitalizados “están en condiciones de irse a su casa y sus familiares no los recogen, lo que supone un bloqueo de camas que hacen falta para otros pacientes”. Probablemente sin quererlo, Rivero puso el foco en uno de las principales deficiencias de la asistencia sanitaria en España: la falta de atención adecuada (y en algunos casos, el abandono) que sufren buena parte de los enfermos que ya no necesitan permanecer ingresados en un hospital de agudos pero que tampoco está en condiciones de volver a casa.

La ausencia de recursos adecuados que llenen este vacío, ya sea porque no hay suficientes camas de media y larga estancia o por el atasco del sistema de dependencia, provoca que se acaben ocupando camas de hospitales generales por parte de pacientes que deberían de ser atendidos en otros centros.

El presidente Rivero definió esta situación como “una cuestión cultural”, en la entrevista que concedió ayer a la Cadena SER. Fuentes de su departamento aclararon horas más tarde que el problema radica en que se trata de pacientes con patologías múltiples con familias que no pueden atenderlos o que “no quieren ir a recogerlos”. El debate, probablemente, tiene bastante más que ver con las carencias del sistema sanitario y de la red de atención social española.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La atención hospitalaria está orientada principalmente a atender procesos agudos, es decir, a estabilizar a la persona que ha sufrido un infarto cerebral o a operar una cadera rota. Una vez concluido este proceso, el hospital da de alta al paciente. Pero puede darse el caso de que el enfermo no esté en condiciones de irse a casa. Quizás se enfrente a un proceso de rehabilitación complejo (logopedia en el caso del ictus, fisioterapia en el paciente de cadera) o a una delicada convalecencia que necesita de constantes curas. El destino ideal para estas personas sería un hospital de media o larga estancia. Pero en muchos casos no existe un número suficiente de plazas públicas, por lo que no es infrecuente que los familiares del enfermo rechacen el alta.

Las islas están a la cola en el número de dependientes atendidos

PricewaterhouseCoopers destacó esta cuestión en el reciente informe Diez temas candentes para la sanidad en España 2013. Bajo el epígrafe Una necesidad no resuelta en nuestro país: hospitales de cuidados intermedios, la consultora aborda el déficit de camas de larga estancia en España, que sitúa al país a la cola de la OCDE.

Los países de nuestro entorno cuentan con numerosas instituciones que prestan servicios de larga duración “de forma que se liberan recursos de camas hospitalarias, de mayor coste para el sistema”. Ello provoca que en España, “en gran medida, los centros de agudos actúan como hospitales intermedios” por el bloqueo de camas por pacientes que no necesitan la asistencia que debe prestar un hospital general, como es el caso de Canarias.

¿Cuál es el volumen total del problema? La consultora cita un informe de la Fundación Edad&Vida (promovido, entre otras entidades por aseguradoras sanitarias y empresas de residencias de mayores) que fija en unas 5.300 las camas ocupadas por pacientes “que podrían beneficiarse de una atención alternativa de carácter sociosanitario”. Otras fuentes elevan al 50% las camas ocupadas por pacientes crónicos. De acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad, hay 102.700 camas en hospitales generales públicos y casi 20.000 privadas.

Si estas personas abandonaran estos hospitales y se trasladaran a centros de cuidados intermedios el ahorro estimado podría suponer unos 1.500 millones de euros anuales para el Sistema Nacional de Salud, según el mismo informe.

José Antonio López Trigo, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) afirma que las reticencias de las familias o de los propios enfermos por irse a casa “van a más”. “Eso ocurre cuando hay un deficiente apoyo en la transición” del hospital a la vivienda, indica. “Posiblemente sean personas que necesiten una atención intermedia”. La causa de esta mayor demanda está en que “las curvas de población y las de recursos no crecen al mismo ritmo”. “Ahora hay mucho sobreenvejecimiento, personas de más de ochenta años con muchas patologías. Cuando ingresan es por un episodio grave, pero todo se resiente. Es como las fichas de dominó. Son personas en una situación de precariedad y lo que se intenta es darles el alta sin que haya dispositivos intermedios. Recursos con menos exigencias tecnológicas como un centro de convalecencia que, a cambio, dé más rehabilitación”.

A este escenario se suma que el sistema de Dependencia no es capaz de cubrir el papel que tenía asignado de reforzar la atención —desde la vertiente de los servicios sociales— de estos enfermos que requieren de una supervisión sanitaria de baja o media intensidad. Seriamente afectado por la sucesión de recortes acometidos por el Gobierno, el proceso de reconocimiento de ayudas atraviesa por un severo bloqueo. La lista de espera de personas a las que se les ha reconocido el derecho a una prestación pero que aún no la disfrutan asciende a 190.503 personas, según los últimos datos difundidos a finales del año pasado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Ello supone que, por ejemplo, aquella persona mayor que sufra una fractura de cadera y lleve meses o años esperando las ayudas no podrá salir del hospital para seguir siendo atendida, por ejemplo, por un cuidador familiar o en la residencia que se le debería de haber concedido.
En el caso de Canarias se conjugan las dos circunstancias. No solo se encuentra entre las autonomías con peores números en el desarrollo del sistema de dependencia, según los informes elaborados por los profesionales de servicios sociales y los oficiales. Además, de las 7.663 camas hospitalarias con las que cuenta el archipiélago repartidas en 12 centros públicos y 11 privadas, solo unas 200 son plazas de cuidados de media y larga estancia.

La falta de continuidad entre la asistencia sanitaria y la social no es ninguna novedad. En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, la ministra de Sanidad, Ana Mato, presentó como una de sus prioridades la coordinación entre los ámbitos sanitario y social, y avanzar hacia el denominado espacio sociosanitario capaz de ofrecer una asistencia integral a los pacientes. Fuentes de este departamento indicaron ayer a este diario que se está trabajando en ello y se está definiendo un catálogo de prestaciones, sistemas de información compartidos o el perfil de la persona con necesidades sociosanitarias, entre otros aspectos.

Fuente: OCDE.