EL PAÍS: La empresa para la que trabaja el exconsejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, se ha hecho con la gestión del servicio de análisis clínicos en seis hospitales públicos madrileños y de todos los centros de salud y residencias de ancianos que dependen de ellos, ha informado esta mañana la cadena SER. Fue el propio Güemes, protagonista de uno de los casos más llamativos y sonados de traspaso de la política a la empresa privada, quien privatizó este servicio cuando fue titular de la cartera de Sanidad entre 2008 y 2010 en el Gobierno de Esperanza Aguirre.

 

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En 2003, Güemes fue fichado para la política madrileña por Aguirre y se convirtió en su ojo derecho. Su andadura en el Gobierno regional empezó como consejero de Empleo y Mujer y en junio de 2007 pasó a Sanidad en sustitución de Manuel Lamela. Allí, desarrolló el polémico modelo de hospitales manejados por empresas que Aguirre quería para Madrid y en el que Ignacio González acaba de profundizar al poner en marcha la mayor operación privatizadora de la sanidad pública española. "El dinero sigue al paciente", llegó a decir alguna vez durante su mandato, del que es muy recordado que explicara su plan de infraestructuras ante un grupo de 150 empresarios del sector sanitario y de la construcción que habían pagado 1.200 euros por asistir a una jornada en el Ritz bajo el lema: Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa.

En 2009, cuando formaba parte del Gobierno regional, Güemes adjudicó la gestión de las pruebas clínicas de seis hospitales madrileños —Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Infanta Leonor (Vallecas), Sureste (Arganda), Henares (Coslada) y Hospital del Tajo (Aranjuez)— a la UTE BR Salud, formada por Ribera Salud y el grupo Balagué. Unilabs se presentó a ese concurso, pero no lo ganó. “No tuvo relación alguna con la consejería en ese momento”, sostienen fuentes de Unilabs, que subrayan que esta empresa no recibió ninguna adjudicación por parte de la consejería cuando la dirigía Güemes.

La concesión administrativa, para un periodo de ocho años y con posibilidad de prórroga para dos años más, contempla, además de la gestión de los análisis clínicos correspondientes a esos hospitales, la de los centros de atención primaria de su área de influencia, 49 centros de salud, 107 consultorios periféricos y 100 residencias de ancianos. En total, un área de un 1.100.000 habitantes a un precio de 16 euros por cabeza que paga la Consejería de Sanidad.

Hace poco más de un mes, el 21 de noviembre, la empresa a la que asesora Güemes compró el 55% que el grupo catalán Balagué Center mantenía en BR Salud por cinco millones de euros. Unilabs realiza ahora las pruebas de estos seis hospitales, cuya gestión acaba de privatizar el Gobierno regional por completo, junto con 27 centros de salud. "Esta operación refuerza nuestra presencia y compromiso con la Sanidad madrileña y forma parte de un proyecto de inversión mucho más amplio", dijo el presidente de Unilabs España, Daniel de Busturia, al anunciar la operación. Unilabs España ya gestionaba los laboratorios del hospital de Torrejón y el laboratorio del hospital Fundación Jiménez Díaz, propiedad de Capio.

Preguntado por este periódico, Güemes no ha querido hacer comentarios a la noticia. Unilabs ha emitido un comunicado en el que tilda de "tendencioso y torticero" el intento de vincular la presencia del exconsejero en su consejo de administración con cualquier irregularidad en la adjudicación. La empresa recuerda que el concurso se convocó en 2008 y que "Unilabs se presentó y no resultó adjudicatario", que Güemes entró en su consejo en 2012 y que en ese año Unilabs adquirió, "mediante transacción privada y previo acuerdo de los accionistas" el 55% de la UTE adjudicataria, según "se anunció públicamente en su día". "No se ha tratado de ninguna adjudicación, ni concurso, ni contrato de la Consejería de Sanidad de Madrid, sino de un acuerdo entre Unilabs y dos empresas". Por tanto, considera "absolutamente intolerable" pretender "deducir de esta operación mercantil entre tres compañías la más mínima actuación irregular y no acorde a la legislación vigente".