infoLibre: La Marea Blanca ha convocado una consulta ciudadana con el doble objetivo de informar a la ciudadanía sobre lo que califica de "plan privatizador de la sanidad pública madrileña" y de recoger firmas en contra de ese proceso. Para ello, se instalarán mesas de votación y se recogerán las papeletas depositadas por los ciudadanos. La iniciativa se desarrollará entre los días 5 y 10 de mayo.

Según informan en su página web los promotores, han recibido el apoyo del Partido Socialista de Madrid, Izquierda Unida de Madrid y Equo. También se han sumado a la iniciativa la Asociación Médica de Enfermería, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, así como una larga lista de organizaciones sindicales, asambleas y plataformas relacionadas con movimientos ciudadanos como el 15-M y el 25-S.

El esquema de la consulta reproducirá el mecanismo ensayado durante la consulta social del agua, convocada contra la privatización del Canal de Isabel II en la Comunidad en Madrid y que recogió los votos de más de 180.000 personas en un total de 305 mesas en marzo del pasado año. El objetivo ahora es instalar entre 500 y 2.000 puntos de votación en hospitales, centros de salud, institutos y asociaciones sociales. Las estimaciones de la organización apuntan a que podrían recogerse hasta 1.000 papeletas por día de consulta en cada mesa.

Además, y en paralelo, se ha convocado una consulta a nivel nacional. Para ello, se habilitará un procedimiento de votación vía Internet entre los días 28 de abril y 10 de mayo.

En defensa de la sanidad pública

En un manifiesto, la Marea Blanca asegura que el propósito de la votación es defender los derechos sociales que considera "vulnerados por unos gobernantes que dan la espalda al pueblo al que dicen representar y que sólo representan a los grupos financieros que a la vez roban y empobrecen al pueblo".

La organización también asegura que el "plan privatizador" no figuraba en el programa electoral con el que el Partido Popular se presentó a las pasadas elecciones autonómicas, y pide que "los ciudadanos sean los que decidan sobre sus derechos fundamentales".