PÚBLICO: La sanidad y la educación han sido dos de los sectores más afectados por los recortes sociales durante la crisis económica. El anterior Ejecutivo, de la mano del 'popular' Mariano Rajoy cifró los recortes en 10.000 millones de euros en estos dos ámbitos, a pesar de que son dos de los pilares fundamentales del Estado del bienestar. Actualmente, la inversión pública no ha recuperado los niveles previos a la recesión y aunque ambas competencias recaigan en las comunidades las propuestas de los partidos en clave nacional son clarificadoras de cara al 10-N.

La sanidad pública española ha perdido entre 15.000 y 21.000 millones de euros de presupuesto desde 2009. En 2016, el gasto sanitario público en porcentaje del PIB (6,34%) es el más bajo desde 2009. Para 2019, el anterior gobierno del PP previó un gasto sanitario del 5,7% del PIB, recuperando las cifras de 2007. En cuanto a Educación, durante la crisis también sufrió uno de sus mayores recortes presupuestarios de la historia y, desde 2009, cayó en 7.000 millones de euros el gasto educativo, según denuncian los sindicatos.

Los cinco partidos políticos con mayor representación parlamentaria, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox,  han anunciado que quieren destinar más dinero a Sanidad en la nueva legislatura tras las elecciones del próximo 10 de noviembre, aunque solo Unidas Podemos lo recoge en su programa. En concreto, los socialistas se han comprometido a incrementar la inversión al 7 por ciento del PIB "de forma progresiva" si continúan en el Gobierno. Por su parte, la formación que dirige Pablo Iglesias quiere ir un poco más allá e incluyen su aspiración de incrementar el PIB en sanidad de un 6% “al 7,5% en 2023.

Respecto al ámbito educativo, desde la entrada en vigor de la LOMCE, aprobada en 2013 gracias a la mayoría absoluta del PP, el PSOE y Unidas Podemos han tratado -sin éxito- de que se derogue. Ciudadanos, por su parte, considera que hay que hace un gran pacto por la educación para que no cambie la ley "con cada gobierno de turno", en palabras de su líder, Albert Rivera. En el sector educativo se visualizan notables diferencias entre bloques: mientras que las fuerzas progresistas defienden la escuela pública y la inmersión lingüística, la derecha le hace guiños a las concertadas y asegura que las lenguas cooficiales no han de ser un requisito.

PP, Cs y Vox, contra la sanidad universal

El PSOE comenzó su Gobierno recuperando la sanidad universal. La primera medida social del Gobierno de Pedro Sánchez fue la recuperación de la sanidad universal: los inmigrantes sin papeles, a los que el PP dejó fuera de la cobertura, volvían a ser atendidos en los centros sanitarios. Pero el PSOE no ha llegado a aprobar el reglamento que impediría que algunas comunidades sigan haciendo una interpretación cicatera y cerrando la puerta o cobrando facturas a algunos extranjeros.

Una medida que no comparten desde la derecha: el líder del PP, Pablo Casado, incidió especialmente en la anterior campaña en que la sanidad está garantizada para  "todos los españoles" y que estos sean atendidos en "condiciones de igualdad en el conjunto del territorio nacional". En esta misma posición se encuentra Ciudadanos, ya que la formación de Albert Rivera tampoco hace alusión a la universalización de la sanidad y en su programa para el 10-N, solo hace la siguiente referencia: "garantizaremos la igualdad en el acceso a la Sanidad de todos los españoles en todo el territorio nacional". De hecho, ambas formaciones eliminaron la universalidad de la sanidad en su acuerdo de Gobierno para la Comunidad de Madrid.

Abascal: "Hay que terminar con la sanidad universal para los inmigrantes. ¿Cuánto nos cuesta eso, señor Sánchez? ¿1.000 millones de euros?, ¿2.000 millones de euros?, ¿3.000 millones de euros?"

Por su parte, desde Vox han hecho de las "concesiones" por parte del Gobierno a los migrantes en situación irregular su principal mensaje de campaña. El discurso xenófobo de la formación ha llevado a Santiago Abascal a vincular la migración con la delicuencia  y ha inventarse los datos en el debate del pasado lunes. "Hay que terminar con la sanidad universal para los inmigrantes. ¿Cuánto nos cuesta eso, señor Sánchez? ¿1.000 millones de euros?, ¿2.000 millones de euros?, ¿3.000 millones de euros?". En su programa electoral recogen la "eliminación del acceso gratuito a la sanidad para migrantes en situación irregular y copago para todos los residentes legales que no tengan un mínimo de 10 años de permanencia en nuestro suelo". 

Unidas Podemos sí está de acuerdo con la universalización de la Sanidad y no sólo quiere acabar con todos los copagos introducidos durante la crisis, sino fijar garantías para que no puedan introducirse nuevos. También lesgislará para impedir la privatización del sistema público de salud. Del mismo modo, quiere incorporar al sistema público de salud el dentista gratuito para servicios básicos como empastes, limpiezas, ortodoncias, endodoncias, prótesis y férulas.

Otra de las medidas pendientes es el refuerzo de la atención primaria, junto con la aprobación de la regulación de la eutanasia, el derecho a morir que solo el PP y Vox rechazan, ya que consideran que con una ley de cuidados paliativos es suficiente.

La escuela concertada versus la pública

Se mantiene el clásico enfrentamiento entre derecha e izquierda sobre el papel que debe cumplir el Estado en la educación. El PP reforzó la concertada con la LOMCE, blindando los conciertos incluso para los colegios que segregaban a sus alumnos por sexo. Después de seis años batallando sin éxito por la derogación de esta ley, incluyendo medidas en favor de la pública, no ha llegado a tiempo de ser tramitada con esta legislatura 'exprés'. Los socialistas proponen una nueva Ley Educativa que aborde aspectos como la educación para el desarrollo sostenible, las capacidades digitales y la igualdad de género para prevenir la violencia machista.

Por su parte, la apuesta del PP por la concertada es absoluta. Escudándose en la "libre elección de las familias", los conservadores se ha comprometido a ampliar la concertación al Bachillerato en toda España y a la Formación Profesional básica. Además proponen reforzar la concertada de 0 a 3 años y dar más incentivos fiscales a los padres que escolaricen a sus hijos en este tipo de centros. Quiere, además, que el castellano sea “lengua vehicular ordinaria de la enseñanza en todo el territorio español” y que la Filosofía vuelva a ser obligatoria en Bachillerato.

Se mantiene el clásico enfrentamiento entre derecha e izquierda sobre el papel que debe cumplir el Estado en la educación

Si bien el PSOE pasa de puntillas por la concertada -no hace ninguna mención específica en el programa electoral- Unidas Podemos pone la escuela pública como “eje vertebrador del sistema educativo" y propone que el presupuesto destinado a educación aumente. Aboga por que la educación pública gane terreno a la privada mediante la eliminación de conciertos educativos y subvenciones a las escuelas que segreguen alumnos por sexo. También promete la “gratuidad real y efectiva” de la educación obligatoria para familias en situación de vulnerabilidad económica. Su objetivo es acabar con la LOMCE para "revertir los procesos de privatización y segregación de la última década" y aboga por una universidad pública gratuita para garantizar la igualdad de oportunidades.

Respecto a la educación concertada, Ciudadanos mantiene su programa del 28 de abril de garantizar la gratuidad de la educación concertada, evitando el cobro por parte de los centros de cuotas "injustificadas", pero ya no se compromete a que la Agencia Tributaria "deje de perseguir a las familias que se desgravan las donaciones que realizan a los colegios concertados de sus hijos" como hacía apenas unos meses. Los de Rivera recogen medidas que también incluye el PP en su programa, como el MIR para profesores, el Estatuto del Docente o el cheque-guardería para niños de cero a tres años.

En la formación ultraderechista, además de la defensa a ultranza del español en el sistema educativo, no hay muchas novedades para los estudiantes: libre elección de colegio, cheque para guarderías y reválidas, llamadas “exámenes de control”, en todo el país al acabar cada etapa educativa.