EL PAÍS: Comunidades gobernadas por el PP y por otros partidos, asociaciones de pacientes, profesionales y consumidores, y la oposición parlamentaria han cargado contra el nuevo copago farmacéutico anunciado por el Gobierno y que gravará, a partir de octubre, a 42 fármacos que se dispensan en las farmacias de los hospitales. Estos medicamentos se usan para tratar enfermedades como el cáncer y la hepatitis C, aparte de ayudar en la fecundación asistida, y se había decidido su dispensación en centros sanitarios para ahorrar.

Entre las autonomías que se opusieron destaca Castilla y León, cuyo presidente, Juan Vicente Herrera (PP), ha anunciado que pedirá al Ejecutivo de Mariano Rajoy que no aplique el copago al considerar que tendrá “escasísima repercusión económica". Herrera ha asegurado que la medida debe ser retirada “por coherencia”, ya que los pacientes afectados, enfermos crónicos en su mayoría, precisan “necesariamente” esos medicamentos. También ha manifestado su oposición la presidenta andaluza, Susana Díaz (PSOE) que se ha mostrado en desacuerdo con que el coste de esos medicamentos “los sufran los ciudadanos” y ha anunciado que su Gobierno estudiará “qué margen tiene” contra esa decisión. El consejero vasco de Salud, Jon Darpón, ha señalado que el Gobierno de esa comunidad (PNV) intentará que el copago no se aplique en su territorio. Cataluña (gobernada por CiU) ha acatado la decisión del ministerio, pero su departamento de Salud ha afirmado que buscará “mecanismos para que no supusiera una barrera para ningún paciente”.

Las críticas también han llegado desde diversos colectivos. Como la Federación de Padres de Niños con Cáncer que ha lamentado la nueva normativa y ha pedido que no afecte a los “niños y adolescentes” que sufren esa enfermedad. Su presidenta, Pilar Ortega, ha recordado que las familias afectadas suelen incrementar sus gastos entre 400 y 600 euros y que algunos de sus miembros dejan el trabajo para atender al menor afectado. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) también ha mostrado su preocupación, ha revelado que había solicitado a Sanidad que se dejara fuera de los ajustes a los pacientes graves y ha recordado que la medida afectará a varios tipos de cáncer como el renal, el de próstata, los linfomas o las leucemias.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad ha subrayado que el nuevo copago supone “una nueva barrera de entrada en el Sistema Nacional de Salud” que afecta “a las personas que más necesitan los servicios sanitarios”. “Se continúa penalizando a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas”, ha dicho su presidente Mario García. Una apreciación similar a la del Sindicatos de Técnicos de Enermería, que ha acusado al Gobierno de “falta de sensibilidad”. “Estas aportaciones suponen un castigo añadido a los enfermos, ya que lo más probable es que estos pacientes estén en situación de incapacidad laboral y hayan visto reducidos sus ingresos”, ha añadido el sindicato.

La Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis y el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH han manifestado que "no tiene ningún sentido esta aportación reducida. Si el copago se ha presentado hasta ahora como una medida para disuadir el consumo poco responsable de medicamentos por parte de los pacientes, es difícil de entender que se aplique para enfermedades que, de no tratarse, pueden ser mortales".

Desde el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba ha calificado de “profundamente injusta y cruel” la medida y ha avisado que los afectados “son enfermos que no tienen más remedio que seguir tomando sus medicinas para toda la vida”. El portavoz sanitario de IU, Gaspar Llamazares, ha publicado un mensaje en Twitter en el que llamaba a la norma del Gobierno “decreto de la infamia y la gestión desleal de la sanidad pública”, a lo que añade: “Ahora repago a los enfermos hospitalarios. Ensañamiento”.

Personal hospitalario consultado tiene una visión ambigua sobre la medida. por un lado, creen que es de muy difícil aplicación, ya que implica establecer sistemas de cobro en las farmacias hospitalarias. por otro lado, miembros de la Sociedad española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología temen que sea un primer paso para cobrar otros medicamentos que se dispensan en las farmacias hospitalarias, como los antivirales contra el VIH u otros oncológicos, lo que supondría dificultar el seguimiento del tratamiento (la llamada adherencia), que puede suponer el empeoramiento de los pacientes.