EL PAÍS: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) archivó en julio pasado la denuncia por el proceso de privatización que presentaron UPyD y la asociación de médicos AFEM por falta de pruebas y porque los contratos con las empresas no llegaron a firmarse. Pese al archivo, el organismo asegura en su resolución que “resulta evidente que existían indicios más que suficientes para poner en duda la existencia de un nivel adecuado de competencia”.

Los seis hospitales que el Gobierno regional incluyó en el plan privatizador llegaron a adjudicarse en concurso público a tres empresas. La última adjudicación —de tres centros a la empresa puertorriqueña Hima San Pablo— se firmó en pleno mes de agosto con el plan recurrido en varios juzgados de la capital. La Comunidad de Madrid no esperó a que los jueces decidieran y avanzó un proceso administrativo muy polémico: no hubo competencia real entre empresas —a cada una le interesaron centros distintos— y estas no rebajaron el precio inicialmente ofrecido por el Gobierno de González.

La resolución de la CNMC critica al Servicio de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, adscrito a la Consejería de Economía, por la investigación de la denuncia que llevó a cabo: “Debía haber desarrollado una investigación de los hechos denunciados de mayor profundidad y exigencia que la simple remisión de unos requerimientos de información a las empresas licitantes y a la Consejería de Sanidad”.

La CNMC también recuerda que la Comunidad de Madrid modificó una de las condiciones del concurso solo cuatro días antes de que se cerrara el plazo. Mediante una corrección de errores en el boletín oficial cambió las garantías que deben depositar las concesionarias y las redujo a una décima parte (de 233 millones de euros a 28). La oposición política y la marea blanca lo calificaron de “regalo” a las empresas para facilitar que concursaran.