EL MUNDO: "Vine a dar a luz aquí porque necesitaba una cesárea. Cuando todo acabó, me dieron la factura pero, como no pude pagarla, mi médico me dijo que no podía abandonar el centro hospitalario. No me dejan hacerlo con mi bebé y aquí se pasa hambre. No sé cuánto podré resistir la situación". Este es el testimonio de una paciente de 18 años de la Louis Rwagasore Clinic, en Bujumbura (Burundi), citado en el informe Ofrecer cobertura sanitaria universal: guía para políticos, presentado en la Cumbre Mundial de Innovación en Salud promovida por Lord Ara Darzi. 

El documento, elaborado a partir de entrevistas y análisis de informes de distintos organismos y, por lo tanto, una suerte de metanaálisis del asunto, incluye prácticas determinadas de cómo conseguir una cobertura sanitaria universal y demuestra que el dinero no lo es todo y que la voluntad política juega un papel mucho más importante.

Ahí se engloba la declaración de la joven madre de Burundi, uno de los países escogidos como ejemplo de buena práctica, a pesar de ser uno de los más pobres del mundo. Ya en 2005, otro informe de la ONG Human Rights Watch demostró cómo habían caído las tasas de cobertura sanitaria universal en Burundi y cómo esto había impactado especialmente en las mujeres que requerían de asistencia hospitalaria para ser madres. Paradójicas prisioneras en los mismos centros que salvaban su vida y las de sus hijos, el sistema sanitario no sólo fracasaba a la hora de protegerlas, sino que también violaba sus derechos humanos básicos.

Pero el informe de Human Rights Watch provocó algo que debiera ser moneda habitual en todos los países: que el presidente de Burundi visitara los hospitales y viera lo que ocurría en los mismos. Así, Nkurunziza -el mandatario- lanzó una nueva política en 2006, que permitía a todas las mujeres embarazadas y los niños menores de seis años acceder gratis a los servicios sanitarios.

Por supuesto, esto supuso una serie de reformas en la financiación de la sanidad, incluyendo más recursos públicos pero también la interacción con donantes internacionales que mejoraran la disponibilidad de medicinas esenciales y permitieran pagar más a los trabajadores del sector. Como concluyen los autores del informe, estas medidas no supusieron que la cobertura sanitaria universal llegara a todo el país, pero sí mejoraron drásticamente las tasas de mortalidad infantil. Como moraleja, el presidente fue reelegido en 2010.

El documento establece, a partir de casos como este y otros mencionados, una serie de recomendaciones políticas para encaminarse a la cobertura sanitaria universal. Así, afirma que los países deben priorizar llegar a cubrir a toda la población a través de servicios asequibles antes que cubrir solo a grupos seleccionados con paquetes más económicos, y dejar así a algunos grupos a su suerte. Es lo contrario, por ejemplo, que ocurre en EEUU, donde veteranos de guerra y mayores de 65 años gozan de buena protección sanitaria frente a la vulnerabilidad de la mayoría de la población.

También apunta a que la cobertura sanitaria universal sólo puede conseguirse a través de mecanismos financieros establecidos por los gobiernos, como impuestos obligatorios y contribuciones a la seguridad social, lo que sucede en España y en muchos países del entorno. "Los sistemas financieros dominados por la financiación voluntaria privada nunca conseguirán cobertura sanitaria universal", sostiene el informe.

La última de sus recomendaciones insiste en la importancia de la política. Los autores afirman que la transición hacia la cobertura sanitaria universal, que implica redistribuir los beneficios sanitarios y su carga financiera es un proceso "muy político" que es proclive a encontrarse con la oposición de grupos de interés muy poderosos. "Un compromiso sostenido desde el más alto nivel gubernamental, incluyendo el jefe de Estado, es esencial en implantar reformas hacia dicha cobertura", concluye.