Cadena SER: Las piquetas aún no han entrado en el Hospital Niño Jesús para construir un parking con 800 plazas, pero esa adjudicación empieza a hacer aguas. La Mesa de Contratación ha aceptado la única oferta, la que presentó una UTE – formada por OHL y TIIC 2 CONCESIONES-, pero lo ha hecho ignorando el voto en contra del representante de la Intervención General en ese órgano de contratación, que emitió tres informes demoledores, a los que ha tenido acceso la SER, donde abiertamente habla de “graves” deficiencias e irregularidades.

Por ejemplo, la Consejería de Sanidad se saltó la Ley de Contratos del Sector Púbico “porque en los pliegos no aparece el método de cálculo del valor estimado del contrato”, y ese valor, además, no cuadra, según alerta el interventor porque “no coincide el precio del contrato que da el hospital Niño Jesús (111.500.805 euros) con el que hay colgado en el portal de contratación (113.175.083 euros)”, es decir, hay un desfase de 1.6 millones de euros. Lo mismo ocurre con el precio del contrato. Los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid alertaron que no se había remitido el informe justificativo del precio del contrato, al tiempo, la gerencia del Hospital lo envió, “pero las cuantías que figuran en el mismo no se corresponden con las que se reflejan en el plan económico financiero colgado en el portal de contratación. En el informe se habla de 19.900.000 euros y en el Plan Económico Financiero se habla de 21.097.640 euros”, advierte el interventor en su informe.

La Consejería de Sanidad también se saltó la Ley al permitir que en el comité de expertos de la licitación entrasen miembros de la dirección del hospital. “En el comité de expertos nombrado por el gerente del hospital está formado, entre otros cargos, por el Coordinador de Formación Continua. Este cargo directivo está adscrito la dirección gerencia”, es decir, no se puede ser juez y parte, porque la Ley prohíbe que ese comité de expertos esté formado por personal del órgano proponente del contrato, y la dirección del hospital lo es.

Ese comité de expertos fue, precisamente, el que analizó la documentación técnica de la única oferta presentada (el interventor también cuestiona cómo llevó a cabo la apertura de los sobres con la oferta económica). Entre esa información no hay ni rastro de la autorización de la dirección general de Patrimonio para poder realzar ese proyecto, otro permiso necesario por ley porque el edificio del Hospital Niño Jesús es un bien protegido desde 1995.

El Interventor también cuestiona la solvencia económica que se ha exigido a las empresas que optaban a este contrato, “una solvencia escasa", alerta, porque solo se les ha pedido que acrediten un patrimonio neto de 1 millón de euros, “que no es proporcional a los 21 millones que les costará hacer esas obras”. En uno de sus informes se recuerda que la póliza del seguro de responsabilidad civil tiene una cobertura mínima de 5.000.000, pero avisa, “se desconoce si ese seguro abarcaría tanto a los riesgos normales derivados de la obra, así como los relativos a posibles vicios ocultos por un periodo de 10 años”, porque no queda recogido en el pliego.

Es un larguísimo listado de errores, que, para este funcionario, hacen inviable que se dé continuidad a esta licitación, por eso emitió un voto particular, donde incluso concluyó que a su juicio los Servicios Jurídicos no pueden conceder el informe favorable porque los defectos que ya detectaron meses atrás no han sido subsanados.

Sanidad defiende que el proceSO de adjudicación es impoluto

El expediente de contratación de la ampliación del Hospital Niño “cuenta con informe favorable de los servicios jurídicos de la comunidad de Madrid, de la Intervención Delegada, de la Dirección General de Presupuestos, de la Dirección General de Economía y Competitividad y de la propia Intervención General, todos ellos necesarios para que se inicie la licitación”, explica un portavoz de la Consejería de Sanidad.

En cuanto al voto particular del interventor en la Mesa de Contratación defiende que frente a su visión crítica del proceso hubo “una postura favorable de todos los demás miembros de la mesa: todos ellos funcionarios, incluido un letrado nombrado por los Servicios Jurídicos. Pero la Mesa de contratación es un órgano colegiado cuyas decisiones se adoptan por mayoría”.

El propio director general de Infraestructuras Sanitarias, Alejo Miranda, preguntado por este contrato en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, aseguró que “el voto particular no disfruta de un mayor valor por el hecho de que sea un Interventor quien lo plantee, ni modifica el carácter jurídico del voto particular ni los efectos que éste produce, por lo que no cabe plantear discrepancia ante la Intervención General”.

La Consejería de Sanidad no ha facilitado a la Cadena SER el informe favorable de la Intervención General, tan solo aseguran que “la fiscalización del expediente de este contrato la hizo la Intervención Delegada y la Intervención General hace meses y ambas emitieron Informe Favorable”, y añaden, que los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid también estaban presentes en esa Mesa de Contratación, pero “no emitieron ningún voto particular”.

Más Madrid ha llevado este caso a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, donde ha pedido la "paralización inmediata de este proceso" porque no puede permitir las "triquiñuelas" en este tipo de concursos, según defendió su diputada Alodia Pérez.

El pasado mes de mayo, el Consejo de Gobierno aprobó este proyecto "con un coste de cero euros para la Administración" porque el modelo previsto es una contrato de concesión administrativa, de tal forma que la empresa que se encarga de construir la ampliación del hospital y el parking asumirá integramente el presupuesto de la inversión - 21 millones- y a cambio podrá explotar económicamente el aparcamiento durante 40 años. Serán 800 plazas, 320 de ellas dedicadas para los profesionales, por las que se pagará 20 euros al día, aunque el precio irá bajando progresivamente en función del número de días seguidos en los que se use.