EL PAÍS: El Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC), organismo público que gestiona una veintena de hospitales y centros sociosanitarios catalanes, ha adjudicado un contrato de consultoría dotado con 197.837 euros a uno de sus principales directivos, Josep Maria Via. El contrato, formalizado el pasado 7 de enero, tiene como objetivo “orientar en el ámbito de las relaciones internacionales” durante cuatro años a una de las empresas filiales del CSC —Consultoría i Gestió—, especializada en proyectos de asesoría y gestión de equipamientos sanitarios en España y el extranjero. En concreto, el contrato ganado por Via prevé llevar a cabo programas en dos países del Caribe: República Dominicana y Honduras.

El CSC es un organismo que agrupa a Ayuntamientos y dispositivos sociosanitarios públicos y privados sin afán de lucro. Para llevar a cabo sus actividades, el CSC ha creado un holding de empresas que facturan más de 20 millones al año. Por su carácter público, el grupo está sujeto a la Ley de Contratación de las Administraciones, que establece un régimen de incompatibilidades que impide a sus directivos beneficiarse de contratos adjudicados por organismos en los que ocupan un cargo.

El CSC aseguró ayer que cuenta con “dos informes jurídicos que avalan la no concurrencia de prohibición para contratar con la empresa Consultors Sanitaris Associats”, de la que Via es administrador único. Pese a las peticiones de EL PAÍS, sin embargo, el CSC no permitió consultar los informes ni conocer qué juristas los habían redactado. Via, por su parte, afirmó: “El CSC me aseguró que no incurría en ninguna incompatibilidad”.

Via tiene una larga trayectoria en la política y la sanidad catalanas. Entre 1997 y 2000, bajo el mandato de Jordi Pujol (CiU), ocupó la Secretaría de Gobierno y Relaciones con el Parlament de la Generalitat. Posteriormente fundó la empresa Consultors Sanitaris Associats, en la que desarrolla su actividad privada que simultanea con la pública en varios cargos no remunerados. Entre ellos, según recoge el currículo presentado al CSC, destaca la pertenencia al Consejo Asesor del Presidente de la Generalitat para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario y la presidencia del Consejo Rector del Hospital del Mar de Barcelona.

Via también ha estado estrechamente vinculado en las últimas décadas al CSC, donde es consejero de la matriz del holding desde noviembre de 2013, miembro de su comisión ejecutiva desde marzo de 2014 y consejero de Consultoria i Gestió, la sociedad que le ha adjudicado el contrato, desde el pasado mes de agosto, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Estos cargos adquieren relevancia al consultarse la Resolución de Adjudicación del contrato y a la que aspiraban otros dos consultores. Primero, porque la mayoría de los cinco miembros de la mesa de contratación ocupan un puesto subordinado al de Via en los órganos de gobierno del CSC. Y en segundo lugar, porque la mesa otorga más puntos a Via por razones que poco tienen que ver con el contrato o que tienen en cuenta precisamente su vinculación al organismo público. Así, por ejemplo, se valora su “experiencia en la Administración pública catalana” cuando el contrato debe desarrollarse en el extranjero.

La resolución también valora que Via tenga un buen “conocimiento [...] de la trayectoria de Consultoria i Gestió en el mercado internacional”, punto que perjudica a los otros aspirantes ya que no forman parte del CSC.

Via se ha caracterizado en los últimos años por su posición crítica con las herramientas de gestión utilizadas en la sanidad pública. En un artículo firmado junto al exconsejero de Sanidad Xavier Pomés, publicado en La Vanguardia en marzo de 2012, Via se mostró partidario de profundizar en las colaboración público-privada y de cambiar el sistema de compras en el sector público. “Los concursos llevados a cabo por las administraciones, con el argumento de concurrencia y transparencia, no aportan valor añadido, ni son garantía de nada”, recogía el texto.

Un último punto destacado de la adjudicación es la forma jurídica elegida por Via para hacerse con el contrato. Pese a que en la oferta consta que será él quien ejecutará los trabajos, los facturará a través de su empresa. Esto hará que tribute por el impuesto de sociedades —un 30% de los beneficios— en lugar de como actividad profesional, cuyo tipo máximo de IRPF es en Cataluña del 56%. Via asegura que “si se suma al impuesto de sociedades el que se tributa cuando se retiran dividendos, la carga fiscal es prácticamente la misma”. “Además”, añade Via, “mi consultora trabaja como una sociedad que recurre a otros profesionales para desarrollar sus servicios”.

Las cuentas depositadas en el Registro Mercantil por Via revelan, sin embargo, que su empresa apenas tiene gastos de actividad en relación a su facturación, que ascendió a 341.000 euros en 2013. Los gastos de personal (su nómina) ascienden a 38.000 euros y los “otros gastos de explotación” a 36.000 euros.

Sin entrar en el caso concreto, Miguel Angel Mayo, coordinador en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), recuerda que “la Agencia Tributaria está intensificando las actuaciones contra el uso fraudulento de las llamadas sociedades interpuestas para pagar menos impuestos”. Estas consisten en “colocar una sociedad entre el profesional que presta sus servicios y la empresa que los contrata para hacer ver que el servicio es prestado por una empresa independiente y organizada cuando realmente el servicio es realizado directamente por uno o dos profesionales”, concluye Mayo.