EL PLURAL: A Mariano Rajoy se le abren brechas por todos los frentes. Si la reforma de la ley del aborto está provocando una fuerte división dentro del PP, el copago en las farmacias de los hospitales ha sacado el debate de los límites del partido y lo ha llevado ante la Justicia. El Gobierno de Castilla y León, que preside Juan Vicente Herrera, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que revoque o anule esta medida, por considerar que atenta contra la igualdad y que no representa un ahorro a tener en cuenta. Es la segunda comunidad autónoma en recurrir la medida, después de que Andalucía anunciara el jueves pasado un recurso contencioso-administrativo.

Pide paralizar la medida en toda España
“Ante la respuesta negativa del Ministerio de Sanidad al requerimiento formal presentado el pasado mes de octubre, el Gobierno de Castilla y León ha decidido emprender acciones judiciales para solicitar la paralización de esta medida”, ha explicado este viernes la Junta de Castilla y León en un comunicado, que difunde la SER.

El Gobierno de Herrera expresa en su recurso que “solicita como medida cautelarísima la suspensión de la Resolución de 10 de septiembre de 2013, por tratarse de circunstancias de especial urgencia” y considera además que la suspensión debería producirse en todo el Sistema Nacional de Salud.

Desigualdades
En su recurso el Gobierno de Castilla y León advierte de “las dificultades para implantarlo en la fecha señalada y las desigualdades que esta medida generaría entre las distintas comunidades”, ha argumentado la Junta, que el Ejecutivo de Rajoy ni siquiera “ha aclarado a las comunidades autónomas todas las cuestiones técnicas imprescindibles para la implantación efectiva y homogénea” de esa medida, que no comparte.

La Junta de Castilla y León avisa de las desigualdades que generará la aplicación del copago en farmacias de hospitales. “La aplicación de la resolución generará distorsiones y desigualdades en el acceso de los pacientes a la prestación farmacéutica en los hospitales, distintas aportaciones en función del medicamento elegido, pudiendo influir incluso en los criterios de selección del médico en función de la situación económica de cada paciente”, afirma.

Un ahorro insignificante
El Gobierno del PP en Castilla y León ha cuantificado en 8.453 el número de pacientes afectados en esa región, que tendrá un impacto máximo de 200.000 euros anuales, en torno al 0,07% del gasto farmacéutico hospitalario, y concluye que “suspender la aplicación de la Resolución no va a provocar daño alguno”.

El Gobierno de Herrera cree que la medida es un despropósito, ya que, según alega, “ni puede considerarse que tenga una finalidad recaudatoria tendente a mejorar las cuentas públicas en las que los gastos sanitarios son un componente fundamental, ni que tenga una finalidad disuasoria, pues hablamos de pacientes crónicos que no pueden ni deben abandonar sus tratamientos”.

Una resolución “nula de pleno derecho”
El recurso solicita también la adopción de medida cautelar al considerar infracción del principio de igualdad en la prestación farmacéutica para todos los ciudadanos en todo el Sistema Nacional de Salud, “infracción que se deriva de la falta de certeza de la fecha de implantación de la medida por comunidades autónomas”. “La Resolución es nula de pleno derecho al haberse adoptado por un órgano manifiestamente incompetente” y “por carecer del rango normativo exigido”, ha concluido la Junta.

Andalucía recurrió antes el copago
El recurso de Castilla y León llega después de que Andalucía anunciara el jueves pasado un recurso contencioso-administrativo en contra del copago en las farmacias de los hospitales, según explicó este jueves la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía, María José Sánchez Rubio, que precisó que el recurso fue presentado el pasado 18 de diciembre Los argumentos de la Junta de Andalucía son similares: es “injusto” porque “rompe con los principios de equidad del sistema sanitario”, sobre todo, “para aquellas personas con enfermedades crónicas o muy graves”, y “supondría un menoscabo importante de su salud en el caso de que estas personas dejaran el tratamiento”. Por otra parte, “no es una medida que tenga que ver con un ahorro”, porque el estudio previo hecho por una comisión de farmacia dentro del Consejo Interterritorial de Salud, “decía que el posible ahorro en mínimo, en torno a 1,7 millones en todo el país”.