CC.OO: Desde el primer minuto CCOO alertó de los riesgos que para ciudadanos y trabajadores tiene este tipo de gestión sanitaria, cuyo objetivo fundamental es el ahorro, como señala el proyecto del ministerio de Sanidad, que lleva años parado, y que cifra en un 10% para su primer año de funcionamiento. Desconocemos qué hay detrás de este empeño tan particular del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, pero lo que es seguro es que no tiene que ver con la mejora de la calidad asistencial.
Aunque el consejero de Sanidad insiste en la mejora de resultados bajo este modelo empresarial de gestión de la sanidad, la verdad es que los resultados de las dos unidades que funcionaron de forma piloto hasta que la justicia obligó a desmantelarlas, lo que por cierto sólo se cumplió formalmente, no demostraron ser mejores que los resultados medidos en Cartera de Servicios por cualquier otro servicio de hospital.
El proyecto que dice pretender negociar y que ha anunciado como definitivo a los medios, es una decisión política ya tomada que implica la eliminación de 34 puestos de personal asistencial, mediante la modificación de la plantilla orgánica, asignando a éstos profesionales funciones de gestión y detrayendo tiempo de asistencia a los usuarios de la sanidad pública. Y como buen modelo empresarial, permite las contrataciones a dedo prescindiendo de toda la legislación existente, y a partir del segundo año de funcionamiento también la desaparición de puestos de trabajo a criterio del director correspondiente.
La apuesta del Ministerio va encaminada a la obtención de recursos materiales mediante compras centralizadas, con el fin de reducir el gasto, pero la normativa que han decidido promueve la gestión de recursos materiales y tecnológicos al por menor. Para entendernos, si las famosas ofertas de 3x2 son posibles por comprar mucha más mercancía, lo que abarata el coste, ¿cómo es posible ahorrar y abaratar el coste comprando menos?
Sáez Aguado anuncia incentivos económicos para los profesionales que trabajen en estas unidades, pero si la Administración dice no tener dinero, ¿de dónde saldrán estos incentivos económicos para las Unidades de Gestión Clínica? Queda claro que sólo puede venir de una menor contratación de personal y de ahorrar en la asistencia, seleccionando pacientes rentables, usando recursos materiales y tecnológicos más baratos o de peor calidad, disminuyendo pruebas diagnósticas o tratamientos, etc. Esto implica someter las decisiones de los profesionales a fines empresariales para así reducir el gasto, y puede darse la circunstancia de que estas unidades "parasiten" el sistema cobrando al resto de servicios y a los centros de salud por cumplir sus solicitudes.
CCOO vuelve a decir una vez más un rotundo NO a las Unidades de Gestión Clínica, que son el principio del fin de la sanidad pública, gratuita y universal en esta Comunidad Autónoma.