Acta Sanitaria: El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Jesús Morera, ha anunciado que esta región “recupera la atención sanitaria universal y pública” desde este jueves, 10 de diciembre, con la entrada en vigor de la orden que regula el acceso al derecho a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras en situación administrativa irregular, colectivo que es su “población diana”.
Según expuso el titular de la cartera sanitaria de esta comunidad autónoma, esta nueva regulación, “además de recuperar el derecho a una Sanidad universal, pública y gratuita para todos los ciudadanos de las islas, elimina el proceso de tramitación fijado para dar cobertura a las personas extranjeras sin recursos residentes en Canarias creado en el año 2013, como consecuencia de las medidas de austeridad implantadas por el Gobierno central”.
Jesús Morera sostuvo también que “se simplifican los requisitos que deberán cumplir los beneficiarios”. “Queremos impulsar políticas sanitarias que permitan facilitar servicios de salud para toda la población”, explicó al respecto y al tiempo que declaró que no se podía permitir “que existan sectores de la población, que ya conviven en Canarias, sin acceso a una atención sanitaria normalizada”.
“No lo podemos permitir porque no es justo, porque creemos en un sistema sanitario público para toda la población y porque avocamos a muchas personas a un acceso por la puerta de atrás, usando por ejemplo los Servicios de Urgencias”, continuó el máximo responsable del apartado de Sanidad del Ejecutivo canario.
A juicio de Morera, el objetivo de la norma es “mejorar el nivel de salud de aquellas personas extranjeras que carezcan de recursos económicos suficientes y estén empadronadas en la comunidad autónoma de Canarias”. En este sentido, aboga porque no haya “ningún tipo de discriminación” y que la asistencia “llegue por igual a toda la población en todas las islas”.
“La población a la que van dirigidas estas actuaciones está constituida por personas extranjeras que acrediten el cumplimiento de los criterios de inclusión, entre los que figura no tener derecho a la condición de asegurado ni beneficiario reconocido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o, en su caso, el Instituto Social de la Marina (ISM), ni a exportar el derecho a la asistencia sanitaria desde el país de origen, así como no tener suscrito un convenio especial para recibir asistencia”, explicó el titular de la Administración sanitaria regional.
Además, Morera añade a estos criterios el de “estar empadronado, con permanencia continuada en uno o varios ayuntamientos de las islas, con una antigüedad igual o mayor de tres meses; no disponer de ingresos en España o en el país de origen o procedencia, que sean igual o superiores en el cómputo anual a 1,5 veces del valor del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); no estar asegurado en ningún Estado miembro de la Unión Europea (UE), Espacio Económico Europeo o Suiza, en el caso de los nacionales de la UE; y no estar incluido en las situaciones especiales a las que se refiere el art. 1.3 del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 abril, ni en las disposiciones adicionales cuarta y quinta del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, reguladoras de la condición de asegurado y beneficiario”.
Expuesto lo anterior el consejero de Sanidad canario indicó que para acogerse a este programa “es necesaria la presentación de una solicitud, de manera individual, junto a la documentación establecida al efecto, que será resuelta por la Gerencia de Atención Primaria o de Servicios Sanitarios, que emitirá el correspondiente documento acreditativo”.
Morera señaló que la asistencia sanitaria a la que tendrán acceso estas personas “es la incluida en la cartera común del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, por lo que tendrán las prestaciones de “salud pública, Atención Primaria, atención especializada, atención de urgencia, prestación farmacéutica, prestación ortoprotésica, prestación de productos dietéticos y de transporte sanitario”.
Por último, el representante del Gobierno de Canarias sostuvo que, en el caso de la prestación farmacéutica, estos usuarios “deberán aportar el 40 por ciento del precio del medicamento, cantidad que será del 10 por ciento en los pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, con el máximo que se establezca para el resto de los asegurados y beneficiarios del SNS”.