EL PAÍS: “Me dijeron que el motivo de la llamada era darme una mejor atención, por lo que me ofrecían ser derivada a otro centro para agilizar la fecha de mi intervención, que podía posponerse hasta seis meses en mi hospital”. Raquel Rivero, de 42 años, recibió esa llamada el 2 de octubre del año pasado. Tenía que someterse a una histerectomía (extirpación del útero) por indicación de su ginecóloga del hospital Severo Ochoa de Leganés. Le ofrecían otras clínicas en las que la operarían en menos de un mes. “Mi ginecóloga ya me había advertido de que me dirían lo de los seis meses y de que no era cierto, que la espera en el Severo Ochoa es muy inferior, así que me negué”, relata. Pese a ello, le mandaron una carta a casa insistiendo en que, de no aceptar la oferta, Sanidad ya no tenía por qué intervenirla “dentro del compromiso de tiempo máximo de espera”.

Rivero se mantuvo firme. “Quería hacerlo allí. Hace años que me tratan y confío mucho en mi ginecóloga”. El día 16 la llamaron de su hospital público. El 24 la operaban. La lista de espera quirúrgica (LEQ) real, por tanto, era inferior a un mes. Pero eso no se lo dijo quien la llamó por teléfono. Solo le habló de que podría tener que aguardar hasta seis. Médicos, administrativos del sistema público y pacientes denuncian este sistema de derivaciones a clínicas privadas. Aseguran que ofrece información engañosa con la que se “presiona” a los usuarios para que acepten operarse en privadas a las que la Administración paga por esos procedimientos.

“Últimamente ofrecen derivar todas las operaciones de mujeres que no son pacientes oncológicas, pero nuestra lista de espera no pasa de un mes”, explica el jefe de servicio de Ginecología del hospital Severo Ochoa, Javier Martínez Salmeán. “Si no aceptan ser derivadas, las amenazan con esperas larguísimas y las presionan. Es algo que sabe todo el mundo y de lo que los profesionales nos quejamos a las gerencias. Cuando llaman, no dan información veraz. Siempre dicen que la espera es de seis meses en el hospital público, y no es así. Es falsear la realidad y eso no debe hacerse con personas que están enfermas”, añade.

En las secretarías de los servicios quirúrgicos conocen bien estas prácticas. “Nos lo encontramos casi todos los días. Llamamos a un paciente para citarle y nos dice que ya le han dado hora de la operación en otro sitio, o incluso que ya le han operado. ‘Señorita, yo acepté porque me dijeron que en el hospital iban a tardar mucho en llamarme’, me cuentan. Cuando ven que no era cierto, que les llamamos en uno o dos meses como mucho, se dan cuenta del engaño y se indignan. Aquí nos toca comernos muchos marrones”, asegura una secretaria de servicio de un gran hospital que pide anonimato. “Esto nos obliga a volver a cuadrar los quirófanos, cuesta encajar estos cambios de última hora”, añade.

El origen de este sistema de derivación hay que buscarlo en el peculiar modo de gestionar las listas de espera quirúrgicas que tiene Madrid. Un método que a su vez procede de la promesa electoral de una candidata a la presidencia. Esperanza Aguirre se comprometió en 2003, durante un debate televisado, a dimitir si algún madrileño esperaba más de 30 días para ser operado. Aquella audaz afirmación obligó a su entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, a diseñar un complejo sistema que reduce artificialmente el número de pacientes en espera. El Ministerio de Sanidad expulsó a Madrid del cómputo nacional en 2005 porque el truco invalidaba cualquier comparación con el resto. Madrid, en contra de un real decreto aprobado por el PP para homogeneizar las listas, incluye a los pacientes cuando ya han pasado por el preoperatorio y visto al anestesista. Es decir, empiezan a contar 30 días más tarde que en el resto de España.

El maquillaje de cifras se ha perpetuado hasta la actualidad, pese a que en 2011 el Ministerio, ya en manos socialistas, exigió cambiarlo porque suponía una “discriminación” respecto al resto de autonomías. Un jefe de servicio de Admisión que conoce bien el proceso afirma: “La promesa de Aguirre creó un problema y a la vez se tuvo que generar la solución: lo que no puedo hacer, lo compro fuera. Lo que sucede es que el problema en realidad no existía. La demora media en la lista de espera quirúrgica que había entonces es muy similar a la que hay ahora”. Distintas fuentes consultadas por este diario, que ha hablado con una docena de profesionales para elaborar este reportaje, afirman que la derivación a clínicas privadas se ha incrementado en los últimos meses. “Derivamos todo menos lo que no se puede derivar”, resume el jefe de Admisión. “Todos los procesos que se venden hay que ofrecérselos al paciente”. Es decir, salvo cirugías complicadas, por defecto todo se intenta derivar a las clínicas privadas.

La pregunta obligada es: ¿Hasta qué punto es libre la “libre elección del paciente” de la que presume Sanidad? El compromiso de Aguirre, aún en vigor, implica que no se puede tardar más de 30 días —en realidad, 60, por el truco del anestesista— en ser intervenido. Pero, para que sea así, el paciente está obligado a aceptar la primera opción que se le ofrezca, que suele ser una clínica privada. Si se niega porque prefiere operarse en su hospital, con el médico que conoce, ya no hay compromiso que valga. A quien rechazan la derivación se les informa de que el tiempo máximo de espera serán 180 días hábiles”, explica una portavoz de la Consejería.

“La penalización de seis meses se usa como justificante de la misma derivación para engañar al paciente”, se queja un traumatólogo del Gregorio Marañón. Una cirujana de Móstoles añade: “Juegan con que el que escucha no sabe muy bien quién le llama. Creen que es de su propio hospital diciendo que no les pueden operar, cuando nosotros lo que queremos es operarles a todos. Crean confusión y manipulan al ofrecerles una intervención en otro sitio en menos de 30 días. ‘Si usted no acepta, en el hospital pueden tardar en operarle seis meses’. El paciente, que está enfermo y es vulnerable, interpreta que le van a operar en seis meses. Pero en mi hospital se opera a todo el mundo en menos de uno. Está hecho a propósito”, insiste.

¿Y quién ofrece la derivación a la privada? En muchos hospitales son los propios servicios de Admisión los que, con el paciente presente, le hablan del compromiso de los 30 días y de las alternativas, que casi siempre son clínicas concertadas. En otros casos, es un servicio de citación telefónica, un call center, el que llama al paciente en cuanto entra en la lista de espera oficial. “El call center apoya a los hospitales ofreciendo a los pacientes una alternativa distinta de la de operarse en su propio hospital cuando la intervención quirúrgica es considerada como derivable y no se puede realizar en menos de 30 días”, asegura la Consejería de Sanidad, pese a los testimonios que afirman que eso, en ocasiones, es falso.

Un cirujano plástico del Ramón y Cajal cuenta el caso de una paciente pendiente de una reconstrucción mamaria. La llaman el 24 de diciembre y le hablan de los seis meses de espera. La alternativa es la Fundación Jiménez Díaz, centro concertado propiedad de Capio. La paciente decide esperar y le informan de que recibirá una carta para que firme conforme sabe que está renunciando al compromiso de espera máxima. Su hospital la llama el día 29 y la cita el día 3 de enero para la intervención. Cuestión de días.

La Consejería de Sanidad privatizó en 2010, con Juan José Güemes de consejero, el sistema de citas. Sacó a concurso la gestión de un call center por 40 millones en cuatro años. Ganó Indra, que ofreció 27. Son los teleoperadores de esta empresa los que llaman a los pacientes para ofrecerles ser operados en “centros alternativos” “para reducir el tiempo de espera”. Indra declinó hablar con este diario sobre el funcionamiento del call center e incluso indicar dónde está localizado. Sanidad aseguró que se encuentra en la calle Julián Camarillo.

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) ha iniciado un registro de este tipo de derivaciones a clínicas privadas. Considera que “engañan” a los pacientes al no informarles de la lista de espera real que hay en sus hospitales. Los jefes de servicio de los hospitales madrileños denunciaron el viernes la “derivación sistemática de pacientes hacia hospitales privados” y la “infrautilización de recursos de la red sanitaria pública”. Sanidad responde que lo que piden es “que no se supriman las peonadas [cirugías en horario de tarde que se pagan como horas extra]”.

Los médicos lo niegan, y aseguran no entender qué lleva a Sanidad a preferir que los ciudadanos se operen en las clínicas, a las que periódicamente compra lotes de intervenciones quirúrgicas a precios concertados. “La Consejería prima la derivación”, afirma el traumatólogo. “Penaliza económicamente si un hospital no cumple su objetivo de LEQ. No le importa cómo lo cumpla, como si no opera nada y lo deriva todo. En centros con fidelización de los pacientes recibimos presiones para derivar. ¿No debería ser un índice de calidad el que el paciente se niegue a ser derivado? ¿No debería primarse al hospital que con sus propios recursos hace su lista de espera y no la deriva? Yo no lo entiendo”, dice resignado.

Récord de pacientes que rechazan la privada

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La lista de espera quirúrgica es una de las escasas estadísticas sanitarias que periódicamente —cada trimestre— hace públicas la Comunidad de Madrid. No incluye el porcentaje de intervenciones que se realizan en el sistema público y en el privado concertado, pero permite hacerse una idea sobre cómo han ido evolucionando las preferencias de los pacientes a lo largo de los años. Las cifras muestran una creciente resistencia de los ciudadanos a ser operados en el primer hospital que les ofrece la Consejería de Sanidad cuando les llama para darles cita. De los 52.628 pacientes en lista de espera en septiembre del año pasado —últimos datos disponibles—, 23.126 se encontraban en lo que Sanidad llama “espera tras rechazo de centro alternativo”. Un centro que, en muchos casos, es privado concertado. Suponen el 44% del total de pacientes que se encuentran en la lista. Es el mayor porcentaje registrado desde que se puso en marcha el plan de reducción de listas de espera que impulsó Esperanza Aguirre.

El sistema de lista de espera quirúrgica madrileña es enrevesado. En realidad, las listas son tres (ver gráfico). Cuando el paciente dice que prefiere que lo opere su médico, en su hospital público de referencia, Sanidad no lo incluye en la lista oficial, a la que llama “estructural”, sino que lo deja en una especie de limbo. Los enfermos que rechazan esa primera opción esperan, de media, siete veces más que los que se conforman con lo que Sanidad elige por ellos. En el primer caso, según los datos públicos, aguardan solo 9,6 días de media. En el segundo, 74,2. Más de 600 personas aguardan entre seis meses y un año.

La lista de “espera tras rechazo alternativo”, que supone ya casi la mitad del total (44%), no ha dejado de crecer en los últimos años. Cuando Aguirre puso en marcha el Plan Integral para la Reducción de la Lista de Espera Quirúrgica, en 2004, recién llegada a la presidencia, los pacientes que quedaban excluidos porque no aceptaban la primera opción eran apenas un 6% del total. En septiembre de 2008 ya eran el 33,5%; en 2009, el 36,4%, y ahora ya rozan el 50%.

A estas dos listas, la de los que rechazan la primera opción y la oficial, aún se suma una tercera, la denominada de pacientes “transitoriamente no programables”. Son los que están realizando las pruebas preoperatorias y aún tienen que ver al anestesista. En Madrid, a diferencia del resto de España, un paciente no entra en la lista oficial hasta pasar por este proceso, que dura unos 30 días. Es la letra pequeña del compromiso que formuló la presidenta. En realidad, menos de un tercio de los que en septiembre esperaban una intervención estaban en la lista que les garantizaba aguardar menos de cuatro semanas.