Cadena SER: El Gobierno de España en funciones prepara un recurso de inconstitucionalidad contra la devolución de las 35 horas semanales a los empleados públicos de Castilla-La Mancha. Medida que aprobaron las nuevas Cortes regionales tras las elecciones autonómicas.

El Ministerio de Administraciones Públicas se muestra contrario a la reducción de la jornada laboral y la prolongación del servicio para los mayores de 65 años y lo justifica en que la ley del Estatuto Básico del empleado público elevó a 37 horas y media la jornada para todo el Estado. El 30 de noviembre se aprueba el texto refundido de esa ley en el que se deroga la ley presupuestos y, en el artículo  47 dice que es compentencia de las administraciones públicas regular la jornada de sus empleados. Situación ésta a la que se agarra la Junta para argumentar la validez de su decisión, aprobada en las Cortes con la abstención del PP que cuestionaba la falta de presupuesto para ponerla en marcha. 

Si esa comisión acabara sin acuerdo, el Gobierno de Rajoy en funciones tiene hasta marzo para presentar el recurso de inconstitucionalidad.

 

Ruiz Molina ha pedido coherencia al Partido Popular que "en Castilla-La Mancha aboga por los derechos de los empleados públicos pero en Madrid pretende recortarlos". Además ha culpado a Cospedal de querer interferir en la acción del Gobierno de García-Page.

La explicación del Delegado del Gobierno

Preguntado por este asunto, el Delegado del Gobierno, Jose Julián Gregorio, niega la mayor. Dice que "la izquierda radical de Page" se pone la tirira antes de la herida porque nadie habla de recurrir: "No lo sabemos, seguramente ni se recurra. Seguramente solo se hable en esa comisión mixta".

En el Partido Popular no tenían clara esta mañana la repercusión de la medida. El diputado Francisco Nuñez ha asegurado que "estudiarán el posible recurso antes de definir una posición" aunque ha aprovechado para criticar al Consejero de Hacienda que, dice, hace populismo con la función pública. 

CCOO apela a la legalidad

El secretario regional de CCOO, Jose Luis Gil ha afirmado que el gobierno de España quiere "irse matando" Es un logro ajustado a derecho, dice, y pide un "plan B" contra esta contingencia "que ya preveíamos" Así que espera que haya cobertura jurídica para que la reducción de la jornada no sea un problema desde el punto de vista constitucional.