infoLibre: El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha recordado en una providencia a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que aún está pendiente la resolución de varios recursos presentados contra la privatización de la gestión de seis hospìtales de la región, y que de suspenderse cautelarmente a causa de alguna de estas demandas "los actos posteriores al impugnado se verían afectados".

En la misma providencia, el juez ofrece un plazo de cinco días a la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) para que responda al escrito presentado por la Comunidad de Madrid –que considera a la Asociación ilegítima para recurrir la privatización– y presente alegaciones y argumentos para justificar su legitimidad.

Esto significa que la convocatoria para la licitación y adjudicación de los contratos, que sigue adelante tras el levantamiento de la suspensión cautelar decidida el pasado día 24 de julio por el TSJM, podría ser suspendida de nuevo incluso si ya hubiese sido realizada, al igual que todas las actuaciones –formalización de las adjudicaciones, constitución de las garantías definitivas o firma de los contratos– que se deriven de ella, decisión que celebra AFEM, que ha expresado en un comunicado que hay "razones gravísimas y justificadas que obligan a suspender el procedimiento de privatización".

El Tribunal ya se expresó en la misma línea cuando resolvió levantar las medidas cautelares al señalar que "esta decisión lo es sin perjuicio de cualquier otra medida cautelar que pueda adoptar la Sala respecto de la misma resolución administrativa en el seno de otros recursos contenciosos interpuestos contra la misma".

AFEM, además, ha expresado en un comunicado su rechazo a la estrategia judicial seguida por la Consejería de Sanidad madrileña, que ha planteado que esta organización no estaría legitimada para interponer un recurso contra la medida privatizadora. De esta manera, la Comunidad pretende que el TSJM declare incapacitada para recurrir a la Asociación, al igual que hizo con los diputados del PSM que interpusieron el primer recurso, de quienes el juez afirmó en su resolución que "no pueden articular su invocada legitimación activa para impugnar la convocatoria sobre la base de un interés abstracto como simples usuarios y en defensa de la legalidad que no le corresponde". En este sentido, la organización afirma que "la Consejería está tratando de desviar la atención" y está poniendo "todo tipo de trabas de carácter procesal" a la resolución de los recursos.