PÚBLICO: El método es sencillo: a un paciente se le diagnostican cataratas y el oftalmólogo le dice que para curarlas tiene que operarse. Pero en vez de incluirlo de inmediato en las listas de espera quirúrgica, la administración hospitalaria lo deriva a otra consulta posterior con otro especialista. La cita puede ser para dentro de un año, o más, pero el enfermo no figurará en las listas de espera para cirugía oftalmológica, las más largas de la sanidad gallega. Y así, la Xunta puede presumir de que los plazos de atención siguen siendo razonables y el conselleiro de Sanidade de turno, en este caso el ex alcalde de Baiona Jesús Vázquez Almuíña, miembro del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo desde el 2015, loar las bondades de su gestión y presumir ante la oposición de que con menos dinero lo hace más y mejor que sus antecesores.

El método quizá sea sencillo, pero supone jugar con la salud y con la calidad de vida de las personas para obtener ventajas políticas. Y los médicos de ese hospital llevan años denunciando que la situación es muy grave, advirtiendo de que se trata de un problema político y de administración de recursos y proponiendo a los responsables políticos del Servicio Galego de Saúde (Sergas) soluciones a su alcance para poder operar cuanto antes a sus pacientes, aun a costa de hacerlo a base de peonadas, para evitar que se deriven pacientes a hospitales privados. La respuesta de la Xunta es el silencio, y algunos de esos galenos, sencillamente, ya no pueden más.

Le ha sucedido al jefe del Sericio de Oftalmología del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), el doctor Pedro Corsino Fernández Vila, quien presentó su dimisión hace diez días con un duro escrito al que ha tenido acceso Público, en el que describe el grave deterioro de la situación en su departamento. “Yo me veo incapaz de dirigir y liderar (va a exigir altas cualidades morales) este proyecto”, afirma. Fernández Vila ha anunciado a sus colaboradores que, además, deja la sanidad pública y se pasa a la privada.

El desencanto tiene su origen hace más de un año , cuando empezó a dirigirse a la gerencia del hospital de forma verbal y por carta para denunciar que las listas de espera quirúrgica que la Xunta presentaba triunfalmente no se adecuaban a la realidad ni mucho menos a la percepción social de las mismas. En una misiva enviada el 25 de abril del 2017 a la que también ha accedido Público, Fernández Vila explicaba así el truco de las citas consecutivas antes de la inclusión en las listas de cirugía, así como las consecuencias sobre los enfermos: “El tiempo medio de espera en cirugía de cataratas en el CHOP es, según el cuadro de mandos, de aproximadamente 30 días (...) Sin embargo, esas cifras contrastan vívidamente con las percibidas por el paciente y su familia, ya que una vez que el paciente ha sido diagnosticado de cataratas (...) ha de esperar un largo tiempo, que a algunos de ellos, por su nivel de visión y progresión, se les hace eterno”.

La incertidumbre desde que el médico diagnostica cataratas hasta que el hospital les opera les podía durar más de un año

Las cataratas provocan una notable disminución de la capacidad visual y, dado que privan al enfermo de la posibilidad de realizar numerosas tareas cotidianas, suponen también un notable deterioro de su calidad de vida. La cirugía devuelve la visión o la mejora en un 90% de los casos, y la mayoría de expertos son partidarios de operar cuanto antes, por esas razones y también porque el progresivo daño en el cristalino del ojo puede provocar que las intervenciones en estadíos más avanzados resulten más difíciles y con postoperatarios más complicados.

A los pacientes del CHO, la incertidumbre desde que el médico se las diagnostica hasta que el hospital les opera les podía durar más de un año. Porque según aseguraba Fernández Vila en su carta del 25 de abril del año pasado, la deriva a una nueva consulta multiplicaba por más de diez el plazo del que presume el Sergas: “Las [segundas] citas se están dando para el verano del 2018”. “Las consultas de catarata en el hospital, por su carácter de citas consecutivas, no salen aparentemente en letras y números rojos en los cuadernos del cuadro de mandos”, añadía el galeno. “Pero las cifras y sus consecuencias sociales siguen estando ahí presentes, vivas y produciendo un zumbido sordo, pero de alta frecuencia, que aturde nuestros oídos y cerebros”, subrayaba.

Fernández Vila llevaba años alertando de graves problemas en su servicio, como la creciente ausencia de anestesistas en los quirófanos, que impedían hacer operaciones de cirugía mayor al ritmo que exigía la llegada de pacientes. O la exagerada deriva de pacientes al Hospital Miguel Domínguez de Pontevedra, propiedad del grupo privado Quirón, al que llegaron a derivarse entre 600 y 700 operaciones al año. El médico también proponía soluciones, como la realización de peonadas para hacer cirugías extraordinarias por las tardes –los recortes de Feijóo acabaron con ellas, pues el Sergas debe abonarlas aparte al personal sanitario-, o si la Xunta lo consideraba más rentable, la contratación de un oftalmólogo para sacarlas adelante.

Nadie le hizo caso. “La respuesta fue el silencio”, afirma el médico, que en diciembre pasado volvió a exponer el problema a la gerencia del centro advirtiendo de que si no se presentaba una solución de manera inmediata, dimitiría. La propuesta que le hizo el Sergas, a su juicio, era de imposible cumplimiento, pues pasaba por hacer más intervenciones sin contar con más medios ni con más oftalmólogos. Otro truco. Así que dimitió, porque no veía otra solución. “Aunque... Puedo no estar en lo cierto y sí puede haber una solución”, admite en su misiva. “Derivar a los pacientes a la medicina privada. Pero ahí no estoy dispuesto a llegar, al considerar que no se estaría haciendo una buena administración de los recursos públicos”.

Público no ha podido obtener la versión del Sergas sobre la dimisión de Fernández Vila ni sobre el modelo de elaboración de las listas de espera oftalmológica. Pero la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) asegura que su denuncia pone de manifiesto “que las listas de espera de la Xunta se maquillan para satisfacer criterios políticos”, tal y como apuntan sus responsables en Galicia. Los portavoces de la Asociación Batas Blancas también relacionan la dimisión del oftalmólogo con “las presiones políticas que sufren los jefes de servicio de los hospitales gallegos”, y recuerdan que varios de ellos han sido purgados y apartados de sus cargos, sustituidos por otros médicos afines al poder mediante oposiciones amañadas anuladas posteriormente por los tribunales.