EL PAÍS: El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes un proyecto de ley para "blindar" la sanidad pública y asegurar los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad en el acceso a las prestaciones a cualquier persona que necesite asistencia sanitaria, especialmente los colectivos más vulnerables. Entre las principales medidas, el Ejecutivo se ha comprometido a no efectuar copagos en la cartera de servicios sanitarios que son de su competencia y a adoptar medidas para minimizar su impacto en los ciudadanos si el Ejecutivo central lo implanta. "Es una norma pionera que demuestra el compromiso de Andalucía con la sanidad", ha resaltado el consejero de Salud, Aquilino Alonso. El proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del sistema sanitario público será enviado al Parlamento en los próximos días para su tramitación. 

"El objetivo es proteger el sistema sanitario público ante situaciones de crisis o tentativas de desvirtuar su carácter público, y prepararlo para dar la mejor respuesta ante retos como los derivados del envejecimiento de la población y la cronificación de muchas enfermedades", ha asegurado el consejero, quien ha recordado que esta norma fue la primera que se abordó al inicio de esta legislatura. El proyecto de ley asegura los principios de universalidad, solidaridad e igualdad a cualquier persona que necesite asistencia sanitaria y contiene medidas para asegurar la viabilidad del sistema en las vertientes económica, social, ambiental y del conocimiento, la investigación y la innovación.

En la vertiente económica, el texto garantiza una financiación "necesaria y suficiente" y se establece la Estrategia de Gestión del Sistema Sanitario Público como una herramienta para realizar, cada cuatro años, un análisis de la situación de la sanidad y diseñar nuevas líneas orientadas a obtener los mejores resultados y con una previsión de financiación estimada. La futura ley garantizará el desarrollo de medidas de uso racional del medicamento, como la prescripción por principio activo, el uso de alternativas terapéuticas más eficientes y la optimización de la selección, adquisición y utilización de los fármacos en todos sus centros. Asimismo, se podrá seleccionar, mediante procedimientos de convocatoria pública, los medicamentos y productos sanitarios que se dispensan en oficinas de farmacia cuando se prescriban por principio activo. "Para el texto, hemos contado con la participación de más de 1.000 personas, entre ciudadanos y profesionales", ha señalado Alonso.

Otros aspectos contemplados en la norma son medidas de formación y promoción de la salud entre la población, para evitar el consumo innecesario de fármacos, y la transparencia en las relaciones de la industria farmacéutica con los profesionales y el sistema sanitario. También se contempla que la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias se hará en función de la evidencia científica y con garantías de carácter ético, clínico y social con el objetivo de asegurar que toda la población andaluza tenga acceso.

Durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Alonso ha querido descartar que se haya aprobado este texto para contrarrestar las protestas en materia sanitaria que, desde hace unas semanas, se viven en Granada, Huelva y Málaga. En este sentido, el consejero ha reiterado la disposición de la Junta a dialogar y ha recordado que se han paralizado los procesos de fusión hasta que se llegue a un acuerdo.