Redacción Médica: La necesidad de sostenibilidad financiera en plena crisis económica de 2012 fue uno de los principales argumentos en los que se apoyó la reforma del Sistema Nacional de Salud (SNS) vía Real Decreto-ley aquel año. Para recortar gasto sanitario, esa normativa limitó la atención pública a extranjeros indocumentados a tres tipos de pacientes: personas que acuden a Urgencias por enfermedad grave o accidente, embarazadas y menores de edad. Sin embargo, hay estudios que confirman que la cobertura sanitaria plena a inmigrantes sin permiso de residencia apenas tiene impacto económico: no sólo es que no supone un gasto mayor que la asistencia a españoles, sino que el coste es incluso menor. Son tres los motivos principales que lo explican: los inmigrantes que vienen a España son, de media, jóvenes; a raíz de ello, sufren menos problemas de salud y, por último, barreras como el idioma o la precarización de su trabajo les lleva a ir menos al médico que un usuario nacional.

“En contra de ciertas aseveraciones falsas y con un tono claramente xenófobo, la plena incorporación de todos los grupos de población en la cobertura sanitaria universal -volviendo al modelo sanitario que teníamos antes de la modificación legislativa del año 2012- no genera un incremento del gasto sanitario”, reza la Proposición No de Ley (PNL) que Sumar registró hace una semana en el Congreso para pedir que la atención sanitaria se amplíe a inmigrantes en situación irregular en España. Es lo que defienden, además, expertos como Luis Gimeno, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el centro de salud San Pablo, de Zaragoza, profesor asociado de la universidad maña y miembro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc). Y lo hacen con números en la mano.

Gimeno es, junto a otros investigadores, autor de dos trabajos -uno publicado en 2016 y otro en 2021- de prestigio a nivel internacional en los que se radiografía el uso del sistema sanitario por parte de inmigrantes en la región de Aragón. Empleando datos de 2011, es decir, justo antes del RD-ley de 2012 que dejó fuera de la cobertura sanitaria a parte de la población extranjera en España, los expertos descubrieron, entre otras cosas, que el gasto farmacéutico en los usuarios de la sanidad nativos era de unos 317,6 euros al año, un coste que se reducía hasta los 69,5 euros en el caso de los migrantes en situación regular y hasta los 8,7 euros en el de los indocumentados.

“Contrariamente a lo que suele decirse, la atención sanitaria a inmigrantes está menos saturada. Vienen menos a la consulta porque son más jóvenes y están, por tanto, más sanos”, detalla el facultativo, quien también añade en este sentido otros factores como los ya apuntados: la barrera idiomática y la precariedad laboral. “Muchas veces ellos tienen que trabajar más horas que nosotros, y eso les resta tiempo para poder acudir al médico”, señala.
 

La ventaja de la financiación capitativa de la sanidad

Esta comparativa del gasto cobra aún más importancia si se tiene en cuenta que la financiación de la sanidad española a las comunidades autónomas es capitativa. Ello significa, en esencia, que el porcentaje de fondos sanitarios que el Estado destina a cada región depende, en parte, de la necesidad estimada de servicios que se va a prestar a una población concreta. Esa estimación media por usuario, por consiguiente, varía según el número de personas que tengan derecho a recibir cobertura sanitaria en cada territorio: a más usuarios, más financiación. Y, claro, hay casos en los que el coste medio calculado previamente se queda corto y otros, como los de extranjeros, en los que ocurre lo contrario.

“Si tenemos en cuenta datos como el del gasto en Farmacia, esa parte del coste derivado de cada usuario que no usaba la población inmigrante revertía directamente en una mayor inversión para el resto de usuarios españoles. Dicho de otra forma, el dinero que antes ‘sobraba’ de la financiación sanitaria para los migrantes servía para compensar el resto de la infrafinanciación global del sistema sanitario”, explica Gimeno.

“Yo solía decirle a la gerente de mi área de salud, que era la que tenía más población migrante de Aragón, que era una afortunada. Le estaban financiando capitativamente a 45.000 migrantes como si su coste sanitario fuera igual que el del resto de aragoneses, cuando era menor, y por eso tenía una inversión extra respecto a áreas sanitarias con poca población migrante", añade.
 

"Limitar la cobertura sanitaria a Urgencias es contraproducente"

Pero es que, según Gimeno, la ampliación de la cobertura de sanidad a todos los extranjeros no es sólo beneficiosa para el sistema, sino que lo contrario resulta incluso contraproducente. “El hecho de limitar la atención a casos de Urgencias conlleva un gasto mayor para el SNS porque son situaciones que no están previstas en la financiación”, destaca el médico.

“Yo tenía, por ejemplo, a pacientes inmigrantes diabéticos a los que dejé de poder atender en 2012. No fue hasta cuando empeoraron porque no tenían asistencia médica cuando se les pudo atender, pero ya en Urgencias, y eso se pudo haber evitado si hubieran conservado su cobertura”, lamenta.