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Al rescate de otro departamento de salud privatizado en la Comunidad Valenciana

EL PAÍS: El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, ha anunciado este sábado el rescate en cuestión de "días" de la concesión del departamento de salud de La Marina si la operadora que lo gestiona sigue sin "situarse en un espacio de 'razonabilidad económica" en la negociación para vender la empresa a la Generalitat, que lleva meses abierta. El coste del rescate se situará en el entorno de los 16 millones de euros, el valor que el Gobierno valenciano atribuye a la operadora.


El departamento de salud de La Marina Alta, cuyo buque insignia es el Hospital de Dénia, cubre la atención sanitaria de 150.000 personas y fue uno de los cinco que privatizó el PP. El Ejecutivo de Puig ya recuperó el año pasado la gestión directa del departamento de salud de La Ribera. Lo hizo entonces mediante la no renovación del contrato de gestión del Hospital de Alzira y los 45 centros de salud y consultorios vinculados al mismo, que expiraba en 2018. El anuncio realizado este sábado por Puig en un acto del PSPV-PSOE y a cuatro semanas de las elecciones valencianas supone, en cambio, acelerar el fin de la concesión, previsto inicialmente para finales de 2023.

La operadora del departamento, Marina Salud, es propiedad de la aseguradora DKV (propietaria del 65%) y de Ribera Salud (35%), la compañía promovida en su día por el expresidente valenciano Eduardo Zaplana para poner en marcha su política de privatización sanitaria. El llamado modelo Alzira consiste en que centros sanitarios de titularidad pública pasan a ser gestionados por una empresa, que cobra a la Generalitat una cantidad por cada paciente asignado a su área de salud. Puig prometió la recuperación anticipada del departamento de la Marina Alta en 2016 en respuesta a la amplia "voluntad social" de la comarca. Y la vía para hacerlo iba a ser la compra de las acciones de la operadora, una negociación que ha dirigido la consejera de Sanidad Universal, Ana Barceló.

Plantón en la negociación

Las conversaciones encallaron, sin embargo, debido a que la accionista mayoritaria, filial de una multinacional alemana, consideró insuficientes los 16 millones de euros ofrecidos por la Generalitat. Los representantes de DKV no asistieron hace unos días a la última reunión negociadora convocada. Fuentes del Gobierno valenciano aseguran que han ofrecido a la empresa de seguros el precio máximo permitido por la ley, calculado en base a lo que es previsible que Marina Salud gane hasta el vencimiento de la concesión, partiendo de los beneficios obtenidos por la empresa el año pasado.

El proceso de rescate de una concesión administrativa está regulado por el artículo 295 de la Ley de Contratos del Sector Público. La indemnización que deberá abonar la Generalitat, similar a la de las expropiaciones, también se fija estimando "los beneficios futuros" que dejará de percibir la concesionaria. Por ello, fuentes del Ejecutivo valenciano consideran que el importe final no estará muy alejado de los 16 millones ofrecidos DKV, que esta no ha aceptado.

Puig, que ha hecho el anuncio en un acto de precampaña, ha asegurado que su partido no está "obsesionado por rescatar de una forma ideológica", sino que la decisión es fruto de una evaluación de cómo está funcionando la concesión.

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