EL PLURAL: El Ejecutivo de la Puerta del Sol comienza el 2025 con pagos pendientes de hasta cinco hospitales madrileños. Isabel Díaz Ayuso, según ha desvelado un informe de la Cámara de Cuentas, cerró el 2023 con un montante de 1.200 millones de euros provisionados en sus arcas públicas para hacer frente a estas deudas, pagos atrasados y conflictos judiciales que se remiten a cinco hospitales públicos, pero de gestión privada.

Según refleja el informe mencionado, publicado el pasado día 30 de diciembre, este cómputo es incluso mayor que el acumulado en 2022, cuando fue de 1.011 millones de euros, debido a que se incrementó la dotación para cubrir dichos procedimientos. En concreto, sobre los hospitales con esta gestión indirecta, se tratan de cuatro gestionados por Quirón Salud –Fundación Jiménez Díaz, Infanta Elena, Villalba y Rey Juan Carlos- y otro del Grupo Ribera Salud –Hospital de Torrejón-, también del Ministerio de Defensa, el Gómez Ulla, según recoge ElPaís.

El montante exacto de estos atrasos equivale a 1.242.037 millones de euros correspondientes a “la previsión de liquidaciones pendientes de ejercicios anteriores de los convenios y conciertos con los hospitales gestionados de forma indirecta”. Y es que a lo que ya venía acumulado de 2022, en 2023 se sumó la cifra de 926.092 millones de euros, a lo que se añade “la importación dotada por los procedimientos judiciales en curso alcanzando 315.945 millones de euros, principalmente por la aparición a partir de 2021 de reclamaciones relativas a las liquidaciones aprobadas en ejercicios antiguos por los servicios prestados”, así como por los intereses de demora en las liquidaciones.

En clave judicial, situándonos sólo en 2023, la Cámara de Cuentas resolvió conflictos judiciales pendientes y contrarios al Gobierno de Díaz Ayuso en materia sanitaria desde 2020, lo que declinó en el pago de 56 millones de euros por las reclamaciones del bolsillo del Ejecutivo madrileño.

Cambio de paradigma con el ‘modelo Ayuso’

Es conocido que el modelo de la política madrileña ha cambiado sustancialmente con los años ante la llegada y continuidad de la presidenta Díaz Ayuso, algo que se aplica también a esta cuestión. A diferencia de la gestión ejercida por sus predecesoras, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes, la actual dirigente de Sol aboga por reducir todo cuanto sea posible su deuda con estos centros públicos de gestión privada, aunándose en estos la mayor parte de conflictos judiciales y deudas pendientes en materia sanitaria.

Pero esta no sería la primera vez que el Gobierno de Ayuso hace frente a un montante de pagos atrasados, puesto que ya aconteció un escenario similar en 2022, cuando se acumularon 1.390 millones de euros desde 2015 a hospitales públicos concesionados por privadas.

Pese a estas circunstancias que se siguen dando actualmente, la deuda no prevé horizonte de descenso de manera “inmediata” debido precisamente al atraso que se viene acumulando desde hace años y, a su vez, por la suma que va generando con el paso del tiempo y con la pausada revisión de las liquidaciones que corresponden.

El Ejecutivo de Sol rehúsa en dar la cifra exacta de lo que supone la acumulación de pagos pendientes, ya que dependen a su vez de litigios administrativos y judiciales que son difíciles de concretar por su constante cambio, pero las empresas afectadas sí que dan una estimación más certera. El pasado mes de abril, el Gobierno de Ayuso debía a cuatro de estos hospitales 918 millones de euros, lo que declinó en que la Administración regional pasara a ser la principal deudora del conglomerado Frenesius –que gestiona privadamente estos centros sanitarios- con un 25% del total, aunque entonces no trascendieron cifras exactas.

Volviendo a lo revelado por la Cámara de Cuentas, en 2023 el Ejecutivo de Díaz Ayuso reconoció esos más de 1.000 millones de pagos atrasados en hasta cinco hospitales madrileños de gestión indirecta, sumado al militar de Defensa.

Privatización de la sanidad pública

La aplicación de este modelo no resulta desconocido para los madrileños. Ya este jueves trascendió una medida más de carácter privado impulsada por el Gobierno de Ayuso en la sanidad pública madrileña y que sigue los pasos, en cierta medida, de lo expuesto en líneas anteriores.

El Hospital 12 de Octubre de Madrid es uno de los grandes proyectos sanitarios en los últimos años de Ayuso pero, con la demora en su inauguración, y las consiguientes críticas por precariedad de sus trabajadores, ahora ha trascendido que la limpieza de los bisturís y otros materiales quirúrgicos ha pasado a ser competencia de una empresa externa y privada: Croma Gio.Batta España, que se llevó un contrato por valor de 3,2 millones de euros. Las quejas esgrimidas por los profesionales del centro ante esta realidad pasan porque dichos materiales llegan sin las baterías necesarias para operar, con piezas incompletas e incluso con restos biológicos.

No solo en aras de gestión de material e infraestructuras, sino también de personal. En el mismo hospital madrileño, se aplicará una medida en cuanto a sus profesionales en los próximos días: los médicos de distintas especialidades deberán dar obligatoriamente apoyo en el área de Urgencias ante la falta de sanitarios.