El número de respuestas positivas no es ninguna sorpresa para organizaciones como Cruz Roja, que durante la crisis ha hecho un llamamiento excepcional para ayudar a personas afectadas por la crisis en España. Entre las necesidades básicas que intenta cubrir la campaña están los suministros (luz y agua), los alimentos... y los medicamentos. El 35% de los 2,4 millones de personas que atiende Cruz Roja en España no puede afrontar gastos médicos como la compra de fármacos. Bien porque ya no están cubiertos por la Seguridad Social o por el copago, según el Informe sobre vulnerabilidad social presentado a finales del año pasado.

La reforma sanitaria que puso en marcha el Gobierno en 2012 cambió el sistema de pago de los medicamentos y excluyó más de 400 de la financiación pública (el llamado medicamentazo) para tratar de reducir la factura farmacéutica. Por primera vez, los pensionistas empezaron a pagar un 10% de su coste y se modificaron las aportaciones del resto de ciudadanos en función de su renta.

Los expertos en salud pública y economía de la salud llevan desde entonces reclamando un estudio del impacto de la reforma. “Que sepamos, no se ha evaluado la reforma”, señala Juan Oliva, expresidente de la Asociación de Economía de la Salud. “No sabemos si esos fármacos que se dejan de tomar son para dolencias leves o enfermedades crónicas o cómo está afectando a las personas con las rentas más bajas”, añade. El Ministerio de Sanidad reconoce carecer de una evaluación, y asegura que la pregunta en el barómetro no tiene ese objetivo, sino responder a una propuesta que hizo la OCDE a sus miembros en 2005. “Ocho países ya lo han preguntado a sus ciudadanos y salen datos similares a los de España”, añade.

El problema, como explica el farmacéutico de Farmamundi José María Torres, es que hay muchas personas sin ingresos que no entran en esa categoría y que tienen que aportar el 40% del precio de los fármacos. Cuenta el caso de una mujer con dos hijas pequeñas, separada, que acudió a su farmacia en un pueblo gallego de 2.000 habitantes a comprar un fármaco para la anemia. Costaba 15 euros, y dijo que no podía pagarlo. “Para que te consideren parado de larga duración tienes que haber trabajado, recibir prestación de desempleo, después el subsidio, y cuando ya no tienes nada, pasas a tener fármacos gratis. Esta mujer no tenía ingresos, pero no había trabajado antes”, explica.

“Para un médico es una situación tremenda que un paciente te diga que no puede pagar un medicamento que le recetas”, asegura José Luis Quintana, médico de familia de un centro de salud de Getafe (Madrid). No le ha ocurrido muchas veces, pero recuerda a un hombre colombiano, trabajador de la construcción de 50 años, que había perdido el empleo y, con él, el derecho a la asistencia sanitaria tras la reforma de 2012. Había sufrido un infarto y era diabético. “Mire, yo esto no me lo puedo comprar, me dijo”. Le derivó a la trabajadora social del centro y cree que su situación se solucionó.

“Ya es habitual que los pacientes me planteen si cuesta mucho lo que les estoy recetando”, señala Paulino Cubero, médico de familia en un centro de salud de Carabanchel (Madrid). A veces, añade, lo hacen directamente en la consulta, tras el diagnóstico. “Me piden que les busque la alternativa más barata”. Otras, van a la farmacia a comprar lo recetado y, al enterarse del precio, se marchan con las manos vacías y vuelven al centro de salud para pedirle al médico otra opción. “Los problemas surgen con los tratamientos de larga duración”, explica Cubero. Y afecta más a personas jóvenes, o desempleados o con empleos precarios, añade.

“En primaria estamos acostumbrados a buscar siempre la opción más barata, pero en las urgencias a veces recetan antiinflamatorios o analgésicos más caros. Hay pacientes que esperan dos o tres días a que les hagamos la receta para no tener que adelantar el coste en la farmacia, y son personas que salen de la urgencia, que están malos”, añade.

El Ministerio de Sanidad asegura que el 62% de los fármacos financiados cuestan menos de dos euros y que no le constan quejas o advertencias formales de las comunidades autónomas ni de sociedades científicas o asociaciones de pacientes.

Uno de cada cuatro médicos percibe que sus pacientes han dejado de tomar medicamentos por motivos económicos, según una encuesta realizada en 2013 por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).