EL DIA: Entre 2.700 y 3.000 personas, 8.000 según algunos miembros de la organización, han secundado este domingo la manifestación convocada por la Coordinadora por la Sanidad Pública de Tomelloso en defensa de la sanidad pública y en contra de la privatización del hospital de la localidad.

A la manifestación, que se ha iniciado en el Centro de Salud de Tomelloso, situado en la calle Víctimas del Terrorismo (antigua calle Concordia), se han sumado vecinos de este municipio y de otros de la comarca, como Pedro Muñoz, Argamasilla de Alba y Socuéllamos, que han portado pancartas y coreado frases en contra del modelo de gestión público-privado que pretende implantar la Junta el hospital de la localidad y en otros tres de la región.

Los manifestantes, que han cubierto un trayecto de casi dos kilómetros, se han concentrado en la Plaza de España, donde una de los miembros de la coordinadora, Ana Flor Navarro, ha leído un manifiesto en el que han denunciado el desmantelamiento que en los últimos meses está sufriendo el hospital de Tomelloso y los de Manzanares, Villarrobledo y Almansa, sobre los que amenaza la privatización.

"Sin ningún pudor, la gerencia se ha encargado de ir reduciendo personal, eliminando el servicio de información, despidiendo especialistas, enfermeras, auxiliares y celadores, sobrecargando el servicio de UVI móvil que desde febrero tiene que realizar también traslados interhospitalarios", ha subrayado Navarro.

En el manifiesto, la coordinadora también ha denunciado el cierre de plantas durante los fines de semana y el hacinamiento de pacientes", entre otros "despropósitos" con los que se "desprestigia la sanidad pública que, hasta hace unos meses era envidiada por los países de la UE y americanos".

Los manifestantes, que en reiteradas ocasiones han coreado 'La sanidad no se vende, se defiende', han recriminado que se pretenda "comerciar y especular" con la salud y el hospital de Tomelloso y han condenado que "se intenten obtener beneficios y enriquecerse a costa de los enfermos".

Además han pedido la derogación de la ley 15/97 que permite las privatizaciones para proteger los servicios públicos.