EL PLURAL: La relación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el hospital de pandemias Enfermera Isabel Zendal sigue dando que hablar pese a que el que un día fue la estrella de su programa cumpla cerca de tres años desde la inauguración. El último capítulo de la entrega tiene que ver con los contratos que la líder de Sol ha hecho -nuevamente a dedo- para contar con un total de 99 camas en un año en la sanidad privada, obviando que su proyecto faraónico se encuentra actualmente vacío.
Para más inri, todas estas firmas se han adjudicado por la vía de emergencia, procedimiento que se lleva a cabo en situación insólitas y que obedece a lo que el propio nombre indica, como fue la pandemia. Pero la situación actual no es ni de lejos similar a la de entonces, y el estado de alarma cayó en el verano de 2021. Asimismo, los documentos se vuelven a cerrar en iguales condiciones a los años anteriores, según ha revelado la Consejería de Sanidad y publica este viernes eldiario.es. Siguiendo esta afirmación, hay que tener en cuenta que la suma de los contratos contemplaba un montante máximo de 26,5 millones de euros.
Menos de 100 camas han dado a la presidenta madrileña para firmar cuatro contratos. El primero de ellos se cierra en enero de 2022 y ahora se ha prorrogado por valor de 15 millones de euros. Bajo esta primera operación, el equipo de Sol contrató 56 camas en un hospital privado que la empresa Hestia, S.L. tiene en la localidad madrileña de Alcobendas.
El mismo día -14 de enero- el departamento de Enrique Ruiz Escudero contrató 18 camas durante un año a igual precio -734 euros-. Aquella cantidad fue a parar a la Fundación Instituto San José, que cuenta con un hospital de larga estancia en Carabanchel.
Tres días después se repitió un contrato, en este caso de 4 millones de euros, para contar con otras 15 camas de la clínica privada San Vicente, en Usera y propiedad de ALM.Univass S.L, compañía a su vez de Vitalia que, como expone el medio mencionado, es una de las que más residencias gestiona en la Comunidad.
Las últimas diez camas para atender a pacientes Covid “con necesidad de cuidados continuados” terminaron en el Beata María Ana de Jesús, ubicado en el distrito de Retiro y también de larga estancia.
El total de la cantidad enviada a las distintas empresas -teniendo en cuenta la suma total de ellas- ascienda a los 26,5 millones de euros, aunque la Consejería asegura que sólo pagó el 20% de la misma, lo que deja la cifra en algo más de cinco millones.
El Comité de Huelga de Atención Primaria y la Consejería de Sanidad siguen con las negociaciones atascadas, tal y como ha podido saber ElPlural.com, en un momento en el que los hospitales se sumaban a una huelga de dos días. Mientras tanto, Ayuso continúa recurriendo a la sanidad privada y centrando esfuerzos en el Zendal, que actualmente atiende a apenas 80 pacientes.
Cuando la situación estaba desbordada por la pandemia podía encontrarse sentido a que el equipo regional derivase pacientes a la red privada, pero el escenario actual no es ni parecido al de entonces. Además, el PP justifica que por aquel entonces no se derivara a pacientes de Covid a hospitales de larga estancia públicos por la situación arquitectónica de estos ya que, según explican, no se podía aislar a los afectados. Con todo, la red pública cuenta con más centros a los que se podían derivar y a los que la CAM, sin explicar el por qué, no recurrió.
En otro orden de cosas, el Zendal está enfocado en la actualidad a la media estancia y a la rehabilitación desde que en 2022 comenzara a funcionar la unidad orientada a ello, pero mantiene algunas promesas incumplidas en forma de material y que chocan directamente con la desorbitada cantidad que se ha pagado por su mantenimiento, duplicado en el último año y que ya se sitúa en los 15 millones de euros.
Las camas, de hecho, es un buen ejemplo dado que la dirección de Sol anunció la llegada de 1.000 y lo máximo que ha albergado el hospital son 500. Además, en la actualidad tampoco hay médicos para atender la “nueva” función del edificio. Un hecho que se contradice asimismo con la época Covid, cuando los profesionales denunciaban que eran obligados -lo mismo que algunos pacientes- a desplazarse a él para trabajar o ser atendidos, respectivamente.