EL PAÍS: En un contexto en el que se hace difícil aunar criterios entre los propios sindicatos de trabajadores sanitarios de Madrid, en algo han estado de acuerdo por unanimidad: necesitan un plan de riesgos laborales. Esta mañana los representantes del área de Riesgos Laborales de los siete sindicatos que conforman la mesa sectorial, Amyts, CC OO, Satse, CSIT, UGT, CSIF y APSeMueve, han anunciado en conferencia de prensa este jueves la presentación de una demanda colectiva histórica contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. La demanda conjunta comprende solo a la Atención Primaria pero, según Vicente Martín, abogado de AP Se Mueve y uno de los que lleva el caso, están seguros de que en otros ámbitos como la atención hospitalaria sucede lo mismo. En ella solicitan que se declare “un conflicto colectivo por la vulneración de derechos fundamentales” al carecer la Consejería de un plan de riesgos laborales. Los abogados pedirán una indemnización de cinco millones de euros por la falta del plan, y 100.000 euros adicionales por cada día que la Comunidad siga sin elaborar el documento.

Los sindicatos desmienten tajantemente que el Gobierno regional tenga un plan de riesgos activo, tal y como aseguró un portavoz de la consejería a este diario. Según Martín, el departamento dirigido por Fátima Matute asegura que tienen un plan de prevención de riesgos laborales de 2019, pero agrega que en ese caso “tienen también uno del 2007, otro del 2008, otro del 2012, otro del 2014, y hasta alguno de 1999″. “No son planes de prevención de riesgos, son manuales, son documentos, fichas. Y no lo son no porque lo diga yo, sino porque lo ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el 2021″, sostiene el abogado.

La sentencia a la que se refiere Martín fue la primera en la que se condenó a la Consejería de Sanidad por vulnerar el derecho fundamental recogido en el artículo 15 de la Constitución ―el cual declara que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”― porque no tenía un plan de prevención de riesgos laborales. Aquel demandante, un médico de la Atención Primaria, recibió una indemnización de 8.000 euros por parte de la consejería, lo cual sienta un precedente para la actual demanda.

De ahí que los sindicatos calculen que si los 15.000 profesionales de la primaria de Madrid presentaran demandas individuales y estas prosperaran ante los tribunales con igual pago, la consejería debería destinar 120 millones de euros para cubrir a todos los afectados. Actualmente, entre los distintos abogados de los sindicatos que llevan casos individuales ante los tribunales por esta misma razón, existen otros 1.000 sanitarios con demandas en curso, sin contar los más de 100 que ya han recibido una sentencia favorable.

“La consejería acepta estas sentencias y paga sin poner pegas. Lo ven como un daño colateral”, asegura Alberto Villa, abogado de Amyts que también lleva la demanda colectiva y varias de las individuales. Para Villa esta postura de la administración significa que reconocen el incumplimiento, aun cuando mantienen frente a los trabajadores que sí existe el plan de prevención de riesgos. Para los sindicatos, el único plan vigente es el de 1995, el cual, además, plantean que se incumple constantemente.

En caso de ganar el proceso, los sindicatos han asegurado que determinarán cómo emplear la cuantía recibida en beneficio de los sanitarios; pero han manifestado que su principal interés no es recibir una compensación económica, sino que en efecto se elabore el plan. Alberto Villa, abogado de Amyts que también lleva la demanda, manifiesta que el principal interés de los profesionales de la sanidad madrileña es que estén protegidos frente a los disímiles riesgos a los que se enfrentan día a día. Los representantes de los sindicatos han hablado desde falta de mascarillas para atender a pacientes con enfermedades respiratorias virales, hasta las agresiones que sufren por parte de pacientes. Una de las principales quejas precisamente tiene que ver con que la consejería no les ofrece datos acerca del número de profesionales agredidos