Redacción Médica: Tres de los cinco sindicatos que conforman el Ámbito de Negociación con el Ministro de Sanidad (CCOO, UGT y CSIF) no cesarán en su empeño de anular el Real Decreto de Gestión Clínica y están dispuestos a elevar la causa ante el Tribunal de Justicia Europeo si el Supremo (donde actualmente está tramitada la denuncia) no les da la razón, tal y como reconocen sus portavoces a Redacción Médica.

“No nos ha quedado más remedio que judicializar este decreto”, explica a este medio Pilar Navarro, secretaria del Sector Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT. “Nuestra intención es hablar con el nuevo Gobierno y renegociar esta situación, ya que seguimos considerando que no beneficia al profesional sanitario”.

Una negociación a “sus espaldas”

Estas organizaciones mantienen la idea de que el departamento que lidera, ahora en funciones, Alfonso Alonso ha consensuado y aprobado a sus espaldas la norma, es decir, que solo ha negociado con el Foro de la Profesión Médica –compuesto por CESM, Facme, CEEM, OMC y los decanos de Medicina-.

Por ello, los tres sindicatos no dudarán ni un segundo en seguir con su batalla judicial hasta el final, a pesar de que los antecedentes no les han dado la razón hasta el momento. Antes de pasar por el Supremo, el RD de Gestión Clínica fue recurrido ante la Audiencia Nacional, un tribunal que desestimó su denuncia a finales de 2014.

Una doctrina que también siguió la Defensora del Pueblo para quitarles la razón, cuando los sindicatos buscaron amparo en esta institución en su momento. En un documento rubricado por la defensora, Soledad Becerril se pone de parte de la Administración sanitaria al considerar que “no existe lesión de la libertad sindical”. Y para fundamentarlo, la defensora hace referencia a los acuerdos a los que llegó el Gobierno con los médicos y los enfermeros en julio de 2013 y que se articulan en tres ejes fundamentales: pacto por la sanidad, regulación y desarrollo profesional y gestión clínica.

Pero antes de elevar la causa a Europa, los sindicatos deben esperar la decisión que dictamine el Tribunal Supremo, donde actualmente se encuentra la denuncia. Una sentencia que puede tardar en conocerse entre seis meses a un año, según estima Antonio Cabrera, de CCOO.