El Huffington Post: La multitudinaria marcha que ha recorrido esta sábado las calles de Madrid ha condensado el malestar y las protestas de decenas de sectores afectados por la misma crisis, aunque los recortes les golpea de distinta manera. Ataviados cada uno con distintos colores identificativos, han hecho sonar su voz en esta Cumbre Social, acompañados por miles de camisas rojas sindicales y ciudadanos hartos de perder derechos y poder adquisitivo durante los últimos años.

"ESTÁN LAMINANDO UNA GENERACIÓN DE ESTUDIANTES"

Ellos fueron de los primeros en echarse a la calle masivamente contra los recortes y ponerle color a las protestas contra la crisis. Profesores y alumnos llevan ya dos años con una marea verde que trata de evitar el desmantelamiento de la escuela pública.

A todas las marchas ha acudido Carmen Simón, profesora de Lengua y Literatura de un instituto de la zona norte de la capital. "Hemos empezado el curso sin profesores de compensación, los encargados de apoyar a los alumnos con un nivel educativo por debajo del que le correspondería por edad. Esto les perjudica sobre todo a ellos y al conjunto de la clase", lamenta.

Tampoco han tenido suerte los estudiantes de 3º de la ESO de su centro: no cuentan con profesor de Historia, ni de Física y Química, "mientras que muchos compañeros nuestros están en la calle solicitando plaza". Para esta profesora, que según sus cálculos ha perdido unos 1.200 euros al año por hacer huelga, el objetivo de los recortes es claro: "Tratan de liquidar una enseñanza pública universal y gratuita, favoreciendo al sector privado y concertado. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no es una cuestión de falta de recursos, sino que encierra un claro objetivo ideológico".

Esa estrategia política de acabar con un sistema educativo público y gratuito es la misma que denuncian Fina, Isabel, Begoña, Mari y Carlos, profesores del IES Juan de Garay. En este instituto del barrio Patraix, de Valencia, han tenido que tirar tabiques para que quepan en el aula los 38 alumnos que tienen en algunos cursos. "Hace dos años eran 25, y podíamos tener desdobles en idiomas, clases prácticas en laboratorio, profesores de apoyo, tutorías... Pero ahora es imposible con el aumento de horas y la reducción de personal", se lamenta este grupo de profesores.

Algunos han tenido que ayudar a los padres a pagar las matrículas y se ha creado un banco de libros de texto para reducir los gastos de las familias. "Nuestra situación como profesores también se ha complicado con el aumento de la jornada laboral y la eliminación de la formación en idiomas. Llevamos ya cinco recortes de salario en dos años, entre el Gobierno central y el autonómico", apunta Carlos.

Por cierto, que desde las ventanas del Juan de Garay, los profesores del turno de mañana y de tarde contemplan el solar donde hace cuatro años colocaron la primera piedra de otro instituto que iba a descongestionar el suyo. Allí sigue el solar, la primera piedra y el cartel de la Generalitat anunciando "el teu nou institut".

"HEMOS TENIDO TRES ENFERMOS INGRESADOS POR HABITACIÓN"

Al igual que los profesores, el personal sanitario es otro de los sectores que desde hace más tiempo se viene movilizando. Ataviados con sus batas blancas, muchos médicos, enfermeros y personal de administración han protestado contra la reducción de su salario, la pérdida de días de descanso (los famosos moscosos y canosos) y el deterioro del sistema público de salud.

Cristina lleva 40 años ejerciendo la enfermería "y nunca había visto una situación tan límite como ésta". En su centro de salud del barrio madrileño de Vallecas "no se cubren desde hace meses las bajas y se ha recortado drásticamente en cantidad y calidad los materiales más básicos, como gasas o empapadores para las camillas".

Su compañera Laura, doctora desde hace doce años en el mismo centro, está atendiendo a muchos pacientes que no pueden pagar medicamentos, "ni los 20 euros que cuesta un tratamiento para la demencia en muchos casos, porque la pensión está al límite". También reconoce que la crisis ha llevado a muchas personas a su consulta con cuadros de ansiedad y depresión, "y ya el paciente teme cogerse una baja laboral, por si se queda sin trabajo". Lo que más les preocupa a este grupo de sanitarios es "la decidida pretensión de privatizar el sistema; que quien tenga dinero se pueda pagar la salud y quien no, pues quede desahuciado".

La situación tampoco es muy esperanzadora en el hospital público de Cuenca, donde ejercen de enfermeras Belén y Montse. En abril cerraron dos de las ocho plantas del centro, "con lo que hemos tenido que meter hasta tres enfermos en habitaciones habilitadas para sólo dos".

Han venido a Madrid a sumarse a esta Cumbre Social después de protestar todos los martes a las puertas de su hospital, con la intención de "cambiar la política del Gobierno central y autonómico, aunque todavía creo que no hemos tocado fondo y nos quedan tres años de oídos sordos del PP", afirman. Para ellas, esta situación de recortes se convierte en "más presión y menos recursos". "Lo más grave es la ampliación de las listas de espera para las pruebas diagnósticas, que pueden ser vitales para el paciente. Incluso nos parece una aberración que estén estudiando retirar las mamografías de la cartera de servicios sanitarios".

"PADECEMOS UNA INVOLUCIÓN POR EL NEOCONSERVADURISMO"

El asunto de las mamografías es, a juicio de la filósofa y profesora Alicia Miyares, "de vital trascendencia y un capítulo más en la estrategia de involución ideológica que pretenden perpetrar contra las mujeres". Para esta activista destacada del movimiento feminista español, la crisis "ha servido de cristalizador de corrientes neoconservadoras y neocatólicas que pretenden imponer su modelo imaginario de familia, donde el papel de la mujer se reduce al de madre y esposa".

Miyares, que participó en la marcha violeta, advierte a las mujeres de la "posible pérdida de autonomía y libertad" con algunas de las reformas emprendidas por el actual Gobierno del Partido Popular. "La revisión de la ley del aborto, que nos había equiparado con el resto de países avanzados del mundo, nos retrotrae a un escenario donde se deja a criterio de otros profesionales -médicos, psiquiatras o jueces- la libertad de decisión sobre nuestro propio cuerpo".

Mientras sus compañeras corean "¡Queremos empleo, trabajo ya tenemos!", Miyares reconoce que manifestaciones como la de hoy "demuestran que la gente no está al margen de los problemas y que los que mandan no cuenta con la complicidad de los ciudadanos para perpetrar sus recortes".

"DE LA POBREZA SE SALE, DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL NO"

A Juan Currás, miembro del Consejo General del Trabajo Social, la situación que estamos viviendo "es de extrema preocupación". Los 40.000 trabajadores sociales que hay en España contemplan cada día la dura estampa que deja la crisis en los hogares. "Es cierto que a casi todos estos recortes nos están afectando de una manera cuantitativa, con pérdida de poder adquisitivo y de ciertas prestaciones que teníamos garantizadas, pero el verdadero problema es aquellos sectores de la población a los que la crisis está golpeando de una manera cualitativa, perdiendo la casa y viviendo en una furgoneta, pasando hambre y acabando en la exclusión social", reflexiona Currás, quien recuerda que "de la pobreza se puede salir, pero de la exclusión social no".

Para este portavoz de la marea naranja, es paradójico que "precisamente en el momento de mayor necesidad de la gente, es cuando las administraciones públicas más están recortando en prestaciones y ayudas". Además, estos ciudadanos necesitados han cambiado su perfil en los últimos meses. "Ahora acuden a nosotros familias 'normalizadas', que han perdido sus trabajos y recursos y tienen serias dificultades para pagar su casa, hacer la compra o llevar a sus hijos al colegio, cuando antes nosotros solíamos atender a personas excluidas o marginadas". Currás advierte que el carácter lúdico y festivo que acompañan estas protestas, como la de hoy, "se acabará terminando, y el grado de conflictividad estallará porque la gente comienza a pasar verdaderas penurias".

"YO LES VOTÉ Y ESTO HA SIDO UN FRAUDE ELECTORAL"

Otro grupo bastante numeroso y heterogéneo que se ha manifestado hoy son los empleados públicos. En la marea negra, por aquello del luto, iban mezclados funcionarios, interinos, eventuales... Como Pilar, que trabaja desde hace 42 años con plaza fija en el ayuntamiento de un pequeño municipio de Murcia, cuyo nombre no quiere dar "porque soy muy conocida por los vecinos y no es cuestión de destacar".

Esta hija de funcionario, lamenta la imagen que de ellos se ha dado. "La ineptitud de unos pocos colocados a dedo por los políticos nos salpica al resto. Por eso algunos vecinos se alegran de que nos hayan recortado el sueldo, eliminado una paga o ampliado la jornada laboral. Lo que no se dan cuenta es que ellos serán los siguientes en sufrir la guadaña del Gobierno".

A Madrid también han llegado desde Cáceres miembros del cuerpo de bomberos, "muy quemados con los sinvergüenzas de los políticos". Santos, que lleva 23 años de oficio, no se casa ni con los de izquierdas, ni con los de derechas. "A mí en los últimos años todos me han hecho perder entre 3.000 y 4.000 euros de sueldo, y me hacen trabajar más por menos".

Al igual que sus 250 compañeros de la Diputación de Cáceres, hizo huelga de hambre durante nueve días para conseguir unas mejoras que, una vez que cambió el color político de la Junta de Extremadura, "nos volvieron a quitar". Su colega Javier lleva 18 años apagando fuegos y dice que desde hace tiempo no se contrata a ningún interino que les refuerce la plantilla. "El control de los gastos es bueno, pero los recortes son malos. Los políticos deberían empezar dando ejemplo ellos, y reduciéndose en personal y sueldos. Yo vengo a protestar porque yo les voté pensando que iban a cambiar la situación, pero han cometido un fraude electoral, haciendo lo que dijeron que no iban a hacer". Por eso Javier reclama un referéndum de las medidas anunciadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

"LOS TRABAJADORES NOS VAMOS A LEVANTAR EN LUCHA"

Esa consulta popular, que han reclamado las más de 150 organizaciones convocantes, es de los pocos puntos en común que comparte con la Cumbre Social Toni Casado. Trabajador de la empresa de saneamientos Roca en Barcelona, milita desde hace doce años en el sindicato anarquista CGT, que junto a Ecologistas en Acción, Juventudes Sin Futuro o la Izquierda Anticapitalista, han celebrado su particular protesta como Bloque Crítico. Para Casado las manifestaciones no son algo anecdótico. "Llevo más de un centenar desde que comenzó la crisis, y aunque no espero que el Gobierno retire las medidas injustas que ha puesto en marcha, al menos que vea que los trabajadores nos vamos a levantar en lucha contra este sistema capitalista".

Casado ha visto cómo desde 2007 unos 1.500 compañeros han perdido su puesto de trabajo, "y un alto porcentaje ya ha perdido toda la prestación por desempleo". Preguntado por qué no comparte marcha con los sindicatos mayoritarios, este anarquista de Cornellà de Llobregat asegura con rotundidad que tanto CCOO como UGT "son cómplices de la crisis y del sistema. Han rubricado el 90% de los EREs que se han perpetrado y ahora se echan a la calle porque les tocan a sus afiliados y liberados sindicales. Por eso nosotros hemos ganado en los últimos años mucha autoridad moral como verdadero sindicato de clase que no es pactista". Casado ya se prepara para la siguiente protesta: será una huelga general el próximo 31 de octubre.