La investigación que hace reconocer a la Comunidad de Madrid su despilfarro sanitario

EL PLURAL: Grupo Empresarial Electromédico. GEE. Estas son las siglas de la vergüenza en la Comunidad de Madrid y de un entramado empresarial que sigue aprovechándose de la administración de Isabel Díaz Ayuso a través de facturas falsas. En su día, Crónica Libre se hizo eco de los negocios de este conjunto de empresas, compuesto por Mantelec S.A., Iberman S.A., Asime S.A., ITH Maroc y Euskalman S.L., y cuyos datos, a día de hoy, siguen siendo comprometedores para la administración liderada por la baronesa popular. Tal y como hicieron sus predecesores, sigue regando de dinero público a este grupo que monopoliza en Madrid el 90% de las adjudicaciones por los servicios de mantenimiento de los equipos de electromedicina en los hospitales creados por la expresidenta Esperanza Aguirre.


El citado medio ha publicado episodios como el de la falsa facturación de la mercantil ASIME S.A., a la que un albañil asturiano facturó 611.104 euros por trabajos que nunca se realizaron en los hospitales Severo Ochoa de Leganés (Madrid), Hospital de Huercal Overa (Almería) y Hospital Virgen de la Victoria (Málaga). La mayoría de las adjudicaciones a este grupo empresarial se producen con los mismos rasgos: a través de procedimiento de emergencia, con todas las prórrogas que sean necesarias y al margen de las leyes de contratación del sector público y de  transparencia. Así, este entramado ha sido beneficiario de cantidades que ascienden a 30 millones de euros en La Paz, más de 22 en el Clínico San Carlos, 16 en el Severo Ochoa, 14 en el Ramón y Cajal, 3 millones en el Niño Jesús, 900.000 euros en el Universitario de Getafe, 5 millones en el Gregorio Marañón, cientos de miles de euros en el Carlos III y más de 700.000 euros en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias.

500% de gasto por los equipos del Zendal

Sin embargo, los citados centros no son los únicos en los que se han producido irregularidades. En una de las ampliaciones de contrato para el Hospital de La Paz, por razones desconocidas, también se incluyeron en el presupuesto para el GEE los equipos del megalómano Hospital Isabel Zendal, ideado por Ayuso para hacer frente a la pandemia y que terminó convirtiéndose en un centro infrautilizado y en un sumidero de dinero público.

En concreto, la ampliación de contrato de La Paz con la inclusión de los equipos del hospital de pandemias hizo que se pagaran, sin concurso público, 521.875,15 euros al GEE. Comparándolo con el importe pagado al año siguiente (2023), cuando se abonaron 105.442 euros por seis meses, supone una inflación en el presupuesto de alrededor de un 500%.

En el punto de mira de la Justicia

Toda esta situación no es nueva. Viene de muy atrás. Tanto es así que la Justicia ya ha puesto su punto de mira en el proceder de las contrataciones que se realizan constantemente, así como en sus prórrogas infinitas realizadas de forma opaca. Tal y como ElPlural.com publicó en exclusiva el 22 de junio de 2020, el Tribunal de Cuentas investigó la denuncia realizada por Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) por las presuntas irregularidades en los contratos menores firmados sin ningún tipo de concurso por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

A su vez, según fuentes consultadas por este periódico, el Tribunal de Cuentas empezó sus pesquisas analizando la documentación y declaraciones aportadas por los centros sanitarios y la propia Consejería. En la investigación es clave la labor desempeñada por Alejo Miranda, director general de infraestructura sanitaria de la ConsejerÍa de Sanidad de Madrid y uno de los eslabones significativos de las buenas relaciones entre la administración liderada por Ayuso y este entramado empresarial.


 

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