El Gobierno recorta el gasto sanitario para el presente año

Acta Sanitaria: En su reunión de este viernes, 29 de abril, el Gobierno, reunido en Consejo de Ministros, ha aprobado la remisión al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea de la actualización del Programa de Estabilidad de España 2016-2019 y del Programa Nacional de Reformas de España 2016, en donde aparece un recorte del gasto sanitario en el presente ejercicio, que se fija en 66.699 millones de euros, frente a los 66.744 millones de 2015.


La remisión se efectúa en cumplimiento de obligaciones europeas: cada año, en el mes de abril, todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que presentar ante la Comisión Europea sus Programas Nacionales de Reformas (PNR) y sus Programas de Estabilidad. El objetivo de este ejercicio es coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos establecidos para la Unión Europea en su conjunto.

Programa de estabilidad

La economía española mantendrá un ritmo de crecimiento medio del 2,5 por 100 en los próximos cuatro años y se crearán un total de más de 1,8 millones de empleos, hasta alcanzar prácticamente los veinte millones de ocupados en 2019, junto con una disminución del paro en similar cuantía. Se trata de previsiones prudentes y realistas que sustentan y hacen creíble la senda de reducción del déficit público que sitúa el desequilibrio fiscal por debajo del 3 por 100 el año próximo y en el 1,6 por 100 del PIB en 2019.

Las previsiones del Programa de Estabilidad prolongan cuatro años más el crecimiento económico y la salida de la recesión que se inició en 2013 después de cinco años de caída del PIB y de la destrucción de casi 3,5 millones de empleos. Se estima que a finales de 2016 se recuperará el nivel de renta que tenía la economía española al comienzo de la crisis y, a partir de ahí, se consolidará un ritmo de crecimiento medio anual del 2,5 por 100. Son cifras que mantendrán a España a la cabeza del crecimiento económico y la creación de empleo entre los países avanzados. Respecto de los socios de la zona euro, la previsión es que se mantendrá un diferencial positivo de más de medio punto en el crecimiento a lo largo de estos años.

Programa Nacional de Reformas (PNR)

En relación con las reformas futuras, al estar el Gobierno en funciones, el PNR 2016 únicamente esboza, en términos generales, cuáles serían las medidas que, en su opinión, sería necesario adoptar a partir de ahora para mantener el crecimiento y el ritmo de creación de empleo, consolidando lo conseguido en estos cuatro últimos años, en los que el Gobierno ha puesto en marcha una ambiciosa agenda de reformas que han transformado la economía española.

Según la información oficial, el PNR 2016 da cuenta, en primer lugar, del elevado grado de cumplimiento de los compromisos de asumidos por España en el marco del semestre europeo y del avance en los objetivos de la Estrategia Europa 2020. La práctica totalidad de las medidas comprometidas en 2015 han sido puestas en marcha. Respecto a las reformas adicionales, el PNR 2016 únicamente las esboza en términos generales. Se refieren a tres ámbitos: reformas estructurales a nivel nacional, consolidación presupuestaria favorable al crecimiento y reformas a nivel europeo.

Y más adelante señala que  es necesario profundizar en las reformas que se han puesto en marcha en los últimos cuatro años. Y, asimismo, apunta a que debe seguir la consolidación fiscal con senda moderada para salir del procedimiento de déficit excesivo, haciendo uso de la flexibilidad que permite la normativa europea y atendiendo al contexto de la situación fiscal y financiera de España, en línea con lo planteado por el Programa de Estabilidad.

En este contexto, apunta la reforma del sistema de financiación autonómica para asegurar un nivel mínimo de servicios en todos los territorios, definiendo una cartera común en las áreas fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales) y asegurando su financiación estable y suficiente, independientemente de la coyuntura económica. El objetivo es asegurar que todos los ciudadanos pueden acceder al mismo nivel y calidad de servicios públicos básicos, independientemente de su lugar de residencia.

 

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