EL PLURAL: El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, alerta de que los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid no están realizando abortos y muestra sus dudas acerca de la existencia y la aplicación de protocolo de actuación cuando la vida de la embarazada está en peligro. Así lo dicta un escrito remitido por el exministro de Educación a Mónica García, líder de Más Madrid, a partir del caso de Marta Vigara, quien acudió en 2020 al Clínico San Carlos con una posible rotura de placenta ante la que los médicos se negaron a intervenir.

La ley Orgánica 2/2010 contempla que “la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma, teniendo carácter excepcional el acudir a centros acreditados que no pertenezcan a la red pública”, pero además Ayuso opera en contra de la mayoría de las Comunidades Autónomas.

En esta línea, durante 2020 Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, Navarra y Cantabria realizaron más del 90% de las intervenciones de este calado en la sanidad pública. Le siguen Galicia (71,7%), Aragón (60%) o Andalucía (46,2%). También es cierto que hay territorios en los que las mujeres tienen que acudir mayoritariamente a un centro privado, pero son una minoría. Entre ellos destacan Extremadura y Murcia (100% en 2020), Castilla-La Mancha (99,9%) y Castilla y León (82,5%).

Ayuso: El aborto “no se ha de celebrar como una fiesta”

Las estadísticas en Madrid en lo que a derivaciones extrahospitalarias para llevar a cabo esta práctica se refiere (y que aquí cuesta 3,5 millones de euros al Ejecutivo regional) son similares a la del resto de regiones.  Sin embargo, la líder del PP ha protagonizado diferentes declaraciones polémicas en torno al aborto tales como que este “no se ha de celebrar como una fiesta, una liberación… cuando se vende como un derecho, como hacen las feministas profesionales” (refiriéndose al PSOE y Podemos) o que la interrupción del embarazo debe ser “poco frecuente”.

Esto sin mencionar su controvertida comparación entre el hecho de que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso de sus padres con sus becas a las familias más pudientes.

Declaraciones polémicas de Ayuso

Desde la derecha siempre se han referido a la objeción de conciencia para justificar que los profesionales de la salud se opongan a realizar un aborto. Sin embargo, Gabilondo también deja esto claro. “Se trata de un derecho individual, que debe ejercerse anticipadamente y por escrito”, expone. Pero, y sobre todo, “no debe afectar al tratamiento y atención médica adecuada a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse sometido a una intervención de interrupción del embarazo”.

El principal partido de la oposición en la Asamblea venía denunciando este hecho y ahora responde a Ayuso, tanto por medio de su portavoz en la Cámara madrileña como en redes. En ambos casos respaldan que Madrid “no es Texas” y anuncian que han presentado una propuesta para acabar con la situación.