Redacción Médica: Ya son bastantes quienes opinan que para mejor comprender la crisis de nuestra sanidad no basta con analizar separadamente este sector de la sociedad. Porque se trata de un aspecto más de una crisis social y política más global.  Que erosiona los fundamentos del estado del bienestar.

Desde mediados de los años 90 se han ido expandiendo las políticas centradas en el cortoplacismo, que las sucesivas crisis económicas han ido azuzando. Mientras, los sucesivos gobiernos han asistido impertérritos al deterioro de los servicios en que se basa el bienestar y calidad de vida, principalmente de las capas sociales menos favorecidas, de forma lenta en los primeros años y aceleradamente tras acontecimientos como la pandemia covid-19 y la guerra de Ucrania.

En este contexto, en nuestro país se ha ido enrareciendo el ambiente político, gracias a la radicalización de las  relaciones -- públicas, al menos--  entre los distintos partidos y sus líderes, que, casi de forma permanente, se enzarzan en  descalificaciones mutuas. Mientras que las propuestas para abordar los problemas de la ciudadanía -- más bien escasas-- quedan relegadas a un plano secundario.

Dependiendo del campo ideológico en que se ubiquen los contrincantes, las escasas propuestas realizadas en el terreno social, pueden tener un mayor o menor carácter progresivo y de apoyo a las clases sociales con más problemas económicos.

Por ejemplo, el actual gobierno de coalición de centro-izquierda incide con mayor intensidad -- no siempre acertadamente-- en la inyección de recursos y ayudas a los más desfavorecidos mientras que la oposición conservadora se dedica esencialmente a criticar y paralizar las medidas del gobierno, en algunos casos con métodos que rayan en lo inconstitucional. 

En este campo de juego, que algunos califican como un auténtico lodazal, siguen incrementándose los problemas -- también los sanitarios-- que no hacen más que  agravar las desventuras de una ciudadanía que asiste cada vez más preocupada, aunque hasta hoy más bien pasivamente, al deterioro de estos y otros servicios públicos esenciales como los de educación y servicios sociales.
 

Aunque los estados de bienestar europeos gestados tras la Segunda Guerra Mundial nacieron mediante acuerdos más o menos imperfectos entre los partidos políticos de uno y otro bloque, los partidos conservadores han abrazado, cada vez con mayor entusiasmo, los postulados de un neoliberalismo para el que el mantenimiento del estado de bienestar no es, ni mucho menos, prioritario.

Y los partidos del espectro progresista parecen tener graves dificultades para generar y asumir iniciativas innovadoras que detengan este deterioro y, en muchos casos, se limitan a intentar tapar con simples parches los desgarros en las tensas costuras de los sistemas de bienestar y calidad de vida, entre ellos el sanitario.
 

Desmantelamiento de la sanidad pública, y más

Así pues, al afrontar la crisis de la sanidad,  conviene tener bien presente la tendencia al desmantelamiento paulatino pero persistente de las estructuras del estado de bienestar en su conjunto y no solamente del sistema sanitario.

En España, y refiriéndonos a dos pilares básicos del estado de bienestar, sanidad y educación, fueron las dos primera reformas de calado que se pusieron en marcha (1985-1986) en la época democrática. Del ámbito educativo vamos por la octava ley orgánica y en el sanitario solamente tenemos la promulgada en 1986, la Ley General de Sanidad, reconociendo que la de salud pública ni siquiera se ha desplegado. 

Si consideramos los últimos acontecimientos, referidos principalmente a los problemas de la Atención Primaria y Comunitaria, es evidente que tanto los gobiernos central y autonómicos de uno u otro signo no han mostrado una predisposición decidida a abordar de forma innovadora los problemas ni a diseñar soluciones capaces de detener los deterioros denunciados por amplios sectores profesionales y de la ciudadanía. Unos y otros siguen anclados en posturas ideológicamente inmovilistas, al menos en todo lo referente a la reconsideración del modelo sanitario y de apoyo social.

Como hemos manifestado anteriormente, no nos parece bien colocarse en una equidistancia ideológica que haga abstracción de los diferentes posicionamientos progresistas y conservadores en relación al estado de bienestar pero sí que creemos que es imperativa una llamada de atención a quienes han preconizado secularmente su defensa, para que abandonen una cierta actitud colaboracionista con los que siempre se han mostrado partidarios de que desaparezca o, al menos, de reducirlo a su mínima expresión.
 

Plasmar en la práctica este giro estratégico no parece tarea fácil, pero no por ello es imposible seguir buscando alternativas que, basadas en la racionalidad política y en la viabilidad de las propuestas, sean capaces de revertir la tendencia al deterioro del escudo de protección social en nuestro país.

Es posible que la emergencia de nuevas formaciones políticas de carácter progresista, más transversales que las actuales, que prioricen absolutamente el diálogo ideológico y social y huyan de dogmatismos exacerbados, al menos en el terreno de las propuestas de soluciones a los graves problemas pendientes, pueda contribuir de forma efectiva y eficiente a ayudarnos a salir del agujero, al menos a no seguir cavando para hacerlo cada vez más hondo.

Claro que para ello es imprescindible la implicación activa de la sociedad. Particularmente de quienes son conscientes --y se han beneficiado-- de las bondades del estado del bienestar.

Porque la responsabilidad de la situación no es exclusiva de los dirigentes de los partidos políticos -- de la casta como gusta decir a algunos-- que, desde luego, no es inocente.