EL PAÍS: Son muchos los indicadores que muestran el deterioro de la salud mental de los españoles en los últimos años, singularmente, desde la pandemia. Así, proliferan las atenciones a conductas suicidas —particularmente, entre adolescentes—, las citas psiquiátricas y los ingresos urgentes. El sistema público, sin embargo, no es capaz de absorber la demanda y ocho de cada diez consultas con el psiquiatra se realizan en el ámbito privado. Respecto a las citas con los psicólogos, la sanidad pública está completamente desbordada: los médicos de familia solo pueden derivar a estos profesionales los casos más graves, un pequeño porcentaje de los que podrían beneficiarse de la terapia. Ante la falta de medios, el recurso más común son las pastillas. No en vano, el consumo de antidepresivos por habitante en España se ha triplicado desde principios de este siglo y se ha duplicado el de ansiolíticos.

Los problemas emocionales tienen tantas aristas que la respuesta sanitaria no siempre los puede resolver por sí misma. La angustia provocada por un empleo precario, por los problemas de acceso a la vivienda, incluso por ciertas actitudes en las redes sociales no se van a solucionar únicamente con más psicólogos, psiquiatras o trabajadores sociales. Pero son urgentes más psicólogos, más psiquiatras y más trabajadores sociales para atender cada caso según su gravedad. 

El refuerzo de estos recursos es una de las medidas más importantes contempladas en el borrador del Plan de Salud Mental que prepara el Ministerio de Sanidad, y que ha adelantado EL PAÍS. Por ahora es una hoja de ruta que deberá concretarse con presupuestos y la acción coordinada con las comunidades autónomas, que son las competentes en la gestión de los servicios sanitarios. Pero un plan nacional es un inicio imprescindible para abordar aspectos del tratamiento de la salud mental que están pendientes, como el uso de las contenciones físicas —imprescindibles en algunos casos, según los profesionales, pero de las que se abusa en algunas ocasiones—; la revisión de la prescripción de pastillas; las alternativas a la institucionalización para tratar a los enfermos en su entorno cuando sea posible; o una mejor gestión de los datos epidemiológicos, ya que sin conocer el alcance del problema es difícil ponerle coto. También abordar la salud mental en los centros de trabajo, lugares que demasiado a menudo generan angustia y sufrimiento.