EL PAÍS: A falta de datos oficiales, preguntar a los usuarios. Ese es el enfoque que ha adoptado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ante la “falta de transparencia” de las autoridades en lo que respecta a las listas de espera sanitarias, según ha dicho su portavoz, Ileana Izverniceanu. El resultado después de casi 16.000 preguntas a pacientes de centros sanitarios de 56 ciudades de las 17 comunidades autónomas es que el tiempo medio para recibir un diagnóstico de un especialista es de 82 días. Esta cifra se obtiene sumando lo que se tarda en ser recibido por el especialista en la primera visita más lo que se demora la prueba diagnóstica correspondiente y la segunda visita al especialista para obtener un diagnóstico.

El dato sigue siendo “inaceptable” para la OCU, y ello pese a que el dato muestra una sustancial rebaja desde que este tipo de encuestas se empezaron a hacer, en 2004. Entonces el tiempo era de 152 días. La organización solo hace este trabajo cada cuatro años, por lo que, como reconoció Izverniceanu, puede arrojar una imagen falsamente positiva: en 2008 el tiempo fue de 121 días. Pero la OCU no duda en que los datos están empeorando en los últimos años por culpa de los recortes, y afirma que en la siguiente encuesta, prevista en 2016, será cuando se vea.

De hecho, ya hay un empeoramiento en lo que se refiere a la prueba diagnóstica, que en 2008 tenía una demora de 44 días y en 2012 ya estaba en 54 días, según la encuesta. Además, la organización destaca que en los datos puede haber un cierto efecto de manipulación estadística. “Los plazos de espera crecen en la segunda y la tercera consulta. Es como si los esfuerzos se centraran solo en las primeras visitas, que son la que se publican”, dice Izverniceanu.

Aparte del dato -82 días es “claramente excesivo; piénsese en la angustia de un paciente que no sabe si lo que tiene es grave”, dijo Izverniceanu. “El acto médico no debería tardar más de 60 días de media”-, el trabajo pone de manifiesto varios aspectos. Primero, la falta de transparencia de las comunidades hace que no se pueda comparar el resultado de la encuesta con los datos oficiales. Este periódico intentó hace un par de meses conseguir la información de fuentes oficiales, y no fue posible lograr datos comparables de más de 10 de las 17 comunidades. Aun así, las cifras coinciden bastante: la espera para la consulta con el especialista es de 49 días según la OCU; de 46,55 días según los cálculos de este periódico.

Además, hay otro problema. Si bien oficialmente los datos de la espera quirúrgica y de las especialidades deberían caerse cada seis meses, el Ministerio de Sanidad solo tiene los de diciembre de 2011, dijo Mónica Cabaña, responsable técnica del estudio.

Aunque hubiera datos, además, la encuesta va mucho más allá, ya que el ministerio, por un pacto de silencio con las comunidades, no ofrece los datos desglosados por autonomías. Y los datos de EL PAÍS o de la OCU coinciden en que las diferencias son enormes. Por ejemplo, para la visita al especialista se pueden tardar 105 días en Canarias y 20 en Baleares, dijo Izverniceanu. “Esto quiere decir que hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta”. En este aspecto, donde mejor ha sido la evolución desde 2004 es en Murcia, que ha rebajado la espera desde entonces un 59,7%; la que peor, Castilla-La Mancha, donde se ha disparado un 134,8%. Y eso pese a que en esta comunidad hay una ley que fija las esperas máximas en 7 días para una prueba y 15 para el especialista, según la portavoz de OCU. Y los datos que ha obtenido la organización en su encuesta son que se está en 82 y 54 días respectivamente.

De la misma manera, si hay grandes diferencias entre comunidades, también las hay por especialidades. La primera cita de otorrinolaringología tarda de media 37 días en España, y la de neurología, 54.

Ante esta situación, la OCU ha tomado varias iniciativas. La primera, animar a los usuarios a reclamar en las oficinas de atención al paciente cuando su tiempo de espera se dispare. Para saber si el plazo de cada uno está dentro de la media o de lo fijado por ley, la organización ha creado una herramienta interactiva que permite comparar la espera y saber si hay una ley que se incumple.

La segunda ha sido enviar los resultados al ministerio y las comunidades y pedirles transparencia en estos datos. “No somos niños de guardería”, se quejó Izverniceanu. La reclamación se hizo el miércoles, por lo que todavía no ha habido respuesta.