ABC: El Gobierno de Castilla-La Mancha, del PSOE, pide a Madrid ampliar el plazo hasta junio para remitirle el listado con los 17.000 vecinos de la zona norte de Toledo que han solicitado ser inscritos en los hospitales de Aranjuez y Parla. El Ejecutivo de Emiliano García-Page se ha manifestado en contra del convenio sanitario firmado con Madrid por el anterior equipo de María Dolores de Cospedal (PP), pero lejos de romperlo, como había amagado, lo que busca es revisar las cláusulas de compensación económica por derivar a estos pacientes, según confirmó a ABC un portavoz de la Junta. Su intención, tras casi nueve meses en el Gobierno, es convocar una reunión de la comisión mixta de seguimiento para renegociar las condiciones económicas del convenio sanitario.

Este acuerdo regula que la población del norte de Toledo (Ocaña, Illescas, Seseña...) pueda elegir los hospitales del Tajo (Aranjuez) y el Infanta Cristina (Parla) como centros de referencia para las especialidades básicas. Al mismo tiempo, se regula el trasvase de pacientes de Guadalajara de especialidades complejas (cirugía cardíaca, neurocirugía...) a tres centros de referencia madrileños, como el Ramón y Cajal, La Paz o Puerta de Hierro, que son los que les venían atendiendo.

El 2015, según datos de la Consejería madrileña, sus hospitales atendieron a 7.300 pacientes de urgencias procedentes de Toledo y en torno a mil pacientes de «alta complejidad» procedentes de Guadalajara. El convenio marcaba la forma de facturar esta atención entre comunidades, pero la entrada del PSOE en la Junta castellano-manchega ha dejado en vía muerta su desarrollo, con peligro de romperse.

Fuentes del Gobierno de Page aseguraron que su intención es convocar una reunión de la comisión de seguimiento para renegociar con el equipo de Cristina Cifuentes las condiciones de pago. En concreto, piden que se facture por «ciudadano atendido» en los hospitales de Madrid, y no por la población potencial (los 17.000 nuevos adscritos). El convenio fija un canon por cápita de 403 euros al año.

Madrid insiste en que se sigue atendiendo a todos los pacientes, sin importar su procedencia, por el principio básico de equidad y solidaridad que rige en el sistema sanitario español, pero se queja de que Castilla-La Mancha no haya asumido hasta ahora su responsabilidad: o cumple con el convenio o lo denuncia.